Artículos de Jaime Avilés, de Luis Javier Garrido, de Laura Poy Solano, de Jaime Ornelas Delgado y de Octavio Rodríguez Araujo

Desfiladero

Jaime Avilés

■ De la discoteca a la privatización: ¿consulta popular o barricadas?

El viernes de la semana pasada, antes, durante y después de la mil millones de veces estúpida tragedia de la discoteca News Divine –que mató a nueve adolescentes, una muchacha policía y otros dos uniformados adultos–, la guerra del narcotráfico produjo 11 muertes: cuatro en Torreón, cuatro en Guerrero y tres en Culiacán. El sábado, mientras la gritería de los medios subía de tono en contra del Gobierno del Distrito Federal, los muertos del narcotráfico fueron en total 20: seis en Sinaloa y 14 más, esparcidos en Guerrero, Durango y Chihuahua.

Entre el domingo, día prácticamente sin noticias en televisión, y el lunes, cuando el linchamiento mediático anti Marcelo Ebrard llegó al clímax, el saldo de la “ola delictiva” fue de 49 muertos: 12 reportados el domingo y 37 confirmados el lunes, aunque muchos de ellos habían fallecido la víspera. El martes, la “cosecha” de cadáveres fue de 13: ocho en Chihuahua, uno en Guerrero y cuatro en Sinaloa, mientras en Culiacán era secuestrado el periodista deportivo José Carlos Campos, hermano de Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, casa de encuestas que un día antes afirmara que después de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Felipe Calderón tenía el segundo lugar de “aceptación” entre los “líderes” de América Latina.

El miércoles, el saldo fue de 11 asesinatos: ocho en Sinaloa, uno en la frontera norte (“ayer fue el día menos violento en Ciudad Juárez, ya que sólo fue localizado un hombre sin vida con al menos 17 balazos”, escribió nuestro corresponsal en aquella plaza), uno más en Sonora y otro en el estado de México, mientras en Culiacán era liberado, por fortuna ileso, el hermano de Roy Campos, y en Chihuahua se confirmaba el secuestro de Erika Posselt, cuñada de Silvestre Reyes, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos. La mujer también fue liberada, un día después, gracias al pago de 35 mil dólares de rescate.

Por último, el jueves, los muertos fueron 19: cuatro en Sinaloa, cuatro en Chihuahua, tres en Guerrero, dos en Chiapas, dos en Nayarit, dos en Mexicali y dos en el Distrito Federal. En síntesis, a lo largo de la semana pasada, la guerra entre las bandas del narcotráfico y contra las llamadas “fuerzas de seguridad” ocasionó la muerte de 123 personas. Sin embargo, ¿de qué hablaron y siguen hablando, obsesivamente, los medios? De la tragedia en la discoteca, que escudriñaron desde todos los ángulos, como acostumbran cuando analizan los juegos de futbol.

Una sola pregunta: ¿por qué no examinan con la misma “profundidad” la carnicería desatada, entre otras cosas, por la “política” de Calderón hacia el narcotráfico? He aquí algunas pistas: “México se ubica en el sexto lugar en delincuencia organizada en el mundo; las mafias mexicanas operan en 38 naciones y controlan entre 50 y 60 por ciento de los gobiernos municipales del país”, asegura Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU sobre temas del narcotráfico.

Buscaglia ha repetido en diversos foros que las empresas de las drogas ilícitas se vinculan con los políticos para ayudarlos a convertirse en diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera; a cambio, éstos les permiten actuar dentro de los territorios que administran, hasta que los papeles se invierten y el dinero y las armas del narcotráfico toman el control de la policía y de las calles. Pero, han dicho otros expertos, los problemas se multiplican cuando los funcionarios “venden” la ciudad o el estado que “gobiernan” a dos cárteles al mismo tiempo, como ha ocurrido, desde el sexenio de Fox, en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango y tantas más.

Para Calderón la naturaleza del problema es otra, de acuerdo con lo que dijo el viernes de la semana pasada (La Jornada, 20/06/08, p. 16) en Aguascalientes: “los criminales ya no sólo trafican la droga a Estados Unidos, sino que buscan crear un mercado en territorio mexicano”. ¡Oh! ¡Qué revelación! Si el “jefe” de las fuerzas federales ignora que en México hay un gigantesco mercado de drogas; si no sabe que los cárteles mexicanos exportan a 37 países, aparte de Estados Unidos; si desconoce que nuestra mafia va en sexto lugar en el campeonato mundial del crimen organizado, debajo de la rusa, la china, la colombiana, la libanesa y otra que se me escapa; y si no percibe que la mitad de los municipios están en manos de narcotraficantes, la verdad está perdido. ¿Usted aprobaría que un hombre así vendiera nuestra industria petrolera a un puñado de empresarios españoles para supuesto beneficio de usted mismo? Pero no nos desviemos del asunto.

Lo peor de todo no es que haya un gobierno incompetente, irresponsable y corrompido hasta la médula, sino que los medios no cumplan su función más importante, que es la de vigilar al poder para corregirlo mediante la crítica. Regresemos entonces al caso de la discoteca. Marcelo Ebrard tiene la mano muy pesada. Y se le nota. La rudeza, muchas veces innecesaria, fue el signo distintivo de la policía capitalina cuando estuvo bajo su mando (y si no que le pregunten a los travestis de Brigada Callejera, que hoy luchan por la aprobación de una ley que permita la fabricación de antirretrovirales genéricos). Esa brusquedad se vuelve palpable ahora, cuando como jefe de gobierno repara una avenida: mete las máquinas, corta el tráfico y provoca embotellamientos que podrían evitarse.

Esa falta de delicadeza –manifiesta en las agresivas luces de las torretas de las patrullas, que de noche lesionan el cerebro de automovilistas y peatones, pero no sirven para disuadir al hampa– se convirtió en auténtica brutalidad durante el episodio de la discoteca, que puso de relieve, sobre todo, un hecho cultural nacido de la pobreza, el desamparo y la ignorancia de los jóvenes y sus padres; la corrupción del delegado Chíguil y del dueño del antro, y la estupidez de los policías que planearon y llevaron a cabo una captura de reses sin pensar un segundo que estaban arreando a seres humanos.

¡Cárcel a Chíguil, al empresario, al jefe del operativo y a los agentes que después pasearon y vejaron a decenas de muchachas! Pero, ojo, de allí a la renuncia de Joel Ortega hay un abismo. Si Ebrard le entregara la Secretaría de Seguridad Pública a Calderón, éste pondrá allí a alguien que, dentro de unos meses, “fracasaría” de tal modo que se vería “obligado” a pedir la presencia del Ejército en las calles del DF. ¿Alguien quiere retenes militares en Insurgentes?

En descargo de Ebrard debe subrayarse que ha sido el gobernante más leal, en todo sentido, al proyecto de nación que encabeza López Obrador y a quienes lo eligieron como jefe de Gobierno para que impulsara el programa social que está desarrollando. Además, no ha tolerado que el narco protagonice aquí balaceras con granadas y bazukas, al estilo Culiacán, y mucho de ello se lo debe a Joel Ortega. Así que nada: la derecha trata de acorralarlo para tirarle la consulta popular del 27 de julio sobre el destino de Pemex, y eso está clarísimo. Por lo pronto, mañana al Zócalo, pues la Kessel ya dijo que tras el debate en el Senado habrá privatización, es decir, ¿barricadas en las principales carreteras de la República?

Para comunicarse con esta columna [e-mail] y para conocer la nueva versión de El Loro Negro, www.eloronegro.blogspot.com

Carrancá: legal, consulta sobre Pemex

Laura Poy Solano

El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas calificó de “injuria” la afirmación de la administración federal respecto a que no se tomará en cuenta la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, al considerar que en un país democrático es “imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”.

Interrogado sobre la declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el sentido de que los resultados de la consulta no incidirán en la dictaminación de las iniciativas sobre la reforma, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM afirmó que si bien no son vinculatorios “ni la consulta ni los foros, sí es vital atender el criterio de múltiples especialistas y mexicanos que estamos interesados en un asunto fundamental para la nación”.

Carrancá y Rivas insistió en que ante la polémica sobre el sustento jurídico para convocar a una consulta ciudadana sobre el tema energético, “destacadísimos juristas han afirmado que no hay necesidad de tanto alboroto, porque el gobernante puede consultar a quien quiera”, y señaló que es “absurdo” que se intente negar ese derecho, “cuando hay un claro sustento legal, y lo establece el artículo 27 constitucional, lo permite la Ley de Participación Ciudadana y el Estatuto de Gobierno del DF”.

Tras participar en el debate universitario sobre la reforma a Pemex, en el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Tlatelolco, Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, afirmó que este domingo se darán a conocer la organización y fechas en que se realizará la consulta en todo el país durante la concentración convocada por Andrés Manuel López Obrador.

Al insistir en que ese ejercicio ciudadano es una alternativa a la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón, convocó a la población a manifestar su opinión, y consideró “ridículo, absurdo y hasta triste” que el gobierno federal “ni siquiera reconozca los foros que se realizan en el Senado de la República, porque están empeñados en aprobar su reforma, y eso no va a ocurrir”.

Luis Javier Garrido

El debate

El repudio que se está produciendo en los más amplios sectores del pueblo mexicano a la iniciativa del gobierno de facto para privatizar la industria petrolera nacional está abriendo un escenario cada vez más crítico para Mouriño y Calderón, que aún deben enfrentar el resultado de la consulta nacional que se avecina.

1. La movilización popular en defensa del petróleo mexicano ha logrado en el curso de unas cuantas semanas abrir un debate sin precedentes en torno al intento del gobierno calderonista por privatizar de manera anticonstitucional y en contra de los intereses de los mexicanos la industria petrolera nacional, el cual está impactando a los más amplios sectores del país y en particular a la llamada “clase política”, al ser implícitamente también una reflexión colectiva sobre el proyecto de país que quieren los mexicanos, por lo que está sentando un precedente en la vida legislativa y política del país que era muy difícil imaginar hasta hace muy poco.

2. La historia legislativa mexicana, en particular, no registra ningún otro caso en el que un paquete de iniciativas legales haya sido objeto de una discusión tan amplia en la sociedad, pero tampoco registra, a la vez, ningún otro caso de repudio tan absoluto a un proyecto legislativo.

3. Al iniciarse 2008, Mouriño y Calderón estaban confiados en que la contrarreforma energética fraguada a espaldas y en contra de los mexicanos podía ser aprobada fast track por el Congreso de la Unión, al contar presuntamente con los votos priístas necesarios, y habiéndose diseñado una campaña de desinformación en los medios para engañar a todo mundo, por lo que podrían de manera muy fácil cumplirle su ofrecimiento a las multinacionales con las que ya habían negociado la entrega de la industria petrolera del país. Unas cuantas semanas después, a consecuencia de la movilización social y del debate que logró abrir, el respaldo priísta a la aberrante propuesta de Mouriño y Calderón está en el aire, y en amplísimo sectores se conoce ya que Felipe Calderón ha estado mintiendo de manera sistemática al pueblo de México sobre la naturaleza de las iniciativas y que éstas no buscan otra cosa que privatizar la principal industria del país.

4. El proceso que se ha desencadenado en México es consecuencia de la movilización popular y de la toma de las tribunas en las dos cámaras legislativas en el mes de abril, y ésa es ya la principal lección para el futuro inmediato de la nación: que las acciones de resistencia civil tienen enorme fuerza cuando son respaldadas por un amplio movimiento popular. El proyecto del gobierno de facto de hacer pasar sigilosamente la contrarreforma en materia petrolera como una serie de medidas tendientes a “modernizar” a Pemex y sin que nadie se enterara de lo que se pretendía se vio frustrado y, en vez de verlo aprobado hacia el 22 de abril, como lo habían ordenado, Mouriño y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces una creciente oleada de denuncias por todos los aspectos entreguistas de su propuesta, que configuran con claridad el delito de traición a la patria.

5. Las siete iniciativas de Los Pinos en materia petrolera no sólo no están conduciendo hasta ahora a privatizar la industria petrolera mexicana, como se lo había prometido Calderón a grandes consorcios trasnacionales, sino que están, por el contrario, revirtiéndose contra el espurio morador de Los Pinos, quien aparece con una nitidez mayor ante millones de mexicanos no sólo como un mentiroso, sino como un coyote más que pretende encabezar a un grupo de corruptos coludidos con empresas extranjeras y ansiosos de beneficiarse de la privatización: desde sus cuñados, Mouriño, Reyes Heroles y los Bribiesca, hasta una serie interminable de empresarios-políticos.

6. El principal logro del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, ha sido desde entonces contribuir de manera determinante a que amplísimos sectores de mexicanos discutan sobre el tema. Nadie puede ya creer ahora el cuento de que los cambios legales que se buscaban eran para “modernizar” a Pemex y traer beneficios sin cuento para los mexicanos. La movilización social hizo posible que en muy poco tiempo, a pesar del perverso papel de la mayoría de los medios, y en especial de Televisa y Tv Azteca, que no han dejado de desinformar en este lapso sobre la propuesta, los mexicanos se fueran enterando de todos los aspectos de un proyecto que no busca otra cosa que desmantelar Pemex y crear una industria petrolera privada en manos de las multinacionales.

7. La propuesta oficial ha recibido en estas semanas una propaganda descomunal, pero significativamente no ha tenido defensores, por la sencilla razón de que no puede tenerlos, pues carece de una razón histórica.

8. El aspecto más sorprendente de los Foros de Debate sobre la Reforma Energética en el Senado –que han sido vistos por millones, a pesar de estar restringidos al canal del Congreso–, de las Mesas de Debate en la UNAM –que han constituido, a su vez, un acontecimiento sin precedente en la historia universitaria–, y de los actos organizados en otras universidades de la República, que muestran un interés creciente por lo que está aconteciendo, lo constituye no nada más el contundente rechazo a la contrarreforma calderonista de la mayor parte de los expositores, sino la inexistencia de argumentos de aquellos que han pretendido defenderla.

9. El otro impacto de lo que acontece es el que no se puede medir, pues se desarrolla tras bambalinas: es el debate intenso en la cúpula del PRI: entre los que desean por interés seguir fungiendo como alcahuetes de Calderón y los que todavía tienen una visión del Estado y de la nación, y el resultado de este debate se conocerá muy pronto.

10. Al margen de lo que acontezca en la “clase política”, todo indica que se impondrá la sensatez y el sentido común del pueblo mexicano frente a la sinrazón de quienes entienden el poder como un botín.

TENDAJÓN MIXTO   El IFE contra la libertad de expresión   Jaime Ornelas Delgado Ingrata tarea recuperar al IFE para la democracia Según el artículo sexto de la Constitución: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa...” A su vez, el artículo séptimo de la propia Carta Magna, establece la inviolabilidad de “la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura...” A pesar de esto, en un arranque de arrogancia y prepotencia, pretendiendo que puede dictar lo que deben o no deben decir los partidos políticos formados por ciudadanos en pleno uso de sus derechos constitucionales, el Instituto Federal Electoral (IFE) decidió, así decidió pasar por encima de la Constitución y censurar los promocionales del PRD y el PT donde se considera como “presidente Legítimo” de la República a Andrés Manuel López Obrador. En el debate, Leonardo Valdés, el presidente del Consejo del IFE se atrevió a decir que “El IFE no censura ni coarta las libertades, sino que de acuerdo con la voluntad del legislador (imagínese usted echarle la culpa del desatino al legislador que ni siquiera puede defenderse), hace preservar las instituciones de la democracia representativa, para que estas funcionen”. Así es que llamar “presidente legítimo” a quien lo es por voluntad de una asamblea ciudadana, atenta contra las instituciones de la democracia –que para ser democráticas lo deben demostrar que lo son y no sólo parecerlo– que no pueden funcionar porque nombrar a Andrés Manuel López Obrador “presidente legítimo” lo impide. Las desproporcionadas funciones que se auto atribuye el IFE y sus complicidades, conscientes o no, con el poder, han hecho de este instituto que nació con tantas expectativas centradas en la mejoría de la democracia electoral, lo han hundido en el desprestigio y, hoy, muchos sospechamos de sus decisiones porque no contribuyen a mejorar el ambiente político del país y si lo enrarecen y perturban. Ante esta desolada imagen que ofrece el IFE, gratifica que Alfredo Figueroa Fernández haya sido designado Conejero del Instituto. Al parecer, llega al cargo sin ningún otro compromiso más que con la democracia. Por eso, frente a otros consejeros amafiados, está en ventaja para emprender una que parece ser ingrata pero indispensable tarea: contribuir a recuperar el prestigio y la confianza ciudadana que alguna vez tuvo el IFE. Dada la magnitud de la hazaña, no sé si le deba felicitar o compadecer. Talento tiene –lo demostró aquí en Puebla siendo consejero ciudadano– y entusiasmo le sobra para emprender ese trabajo que, esperamos, termine redundando en beneficio de la democracia electoral del país.   ¿Creerán que no nos damos cuenta de la burla? Sin una política económica que permita al campo mexicano producir los alimentos que demandamos los mexicanos, el gobierno de Calderón acude a las campañas mediáticas pretendiendo con ellas burlarse de la buena fe del pueblo mexicano que observa, cada vez con mayor desesperación e irritación, la imparable carestía de los alimentos básicos. En una sorpresiva medida, desde Los Pinos el señor Calderón (espero que llamarlo así, señor Calderón, no impida el funcionamiento de las instituciones democráticas del país), anunció el congelamiento del precio de 24 productos en 150 presentaciones. Claro, el anuncio se hizo después de que los precios de esos productos se habían incrementado, es decir, se oficializó el alza de sus precios que, dicen, se mantendrán sin cambios hasta diciembre de este año. Pero como dicen los empresarios que no es congelamiento de precios sino “pacto de honor” tal vez ni se cumpla ¿desde cuando las ganas de optimizar las ganancias tiene honor y firma pactos? Pero nada tendría de criticable la medida, eso sí insólita por populista ni sería una burla a nadie, si los productos incluidos formaran parte de la verdadera canasta alimenticia de los sectores populares. Pero en la lista de los congelados, predominan las bebidas “alimenticias” de sabores, los jugos, los thés de todo tipo –desde verdes hasta los de pasiflorine–, néctares de la marca Sonrisa; también hay condimentos como el achiote, las hojas de perejil deshidratadas, la pimienta negra molida, la sal con ajo y pimienta verde, puré de tomate condimentad tipo catsup, así como salsas para espagueti de champiñones y cuatro quesos, mermelada de fresa, postre –faltaba más– estilo flan, en fin todos estos y más productos que forman parte de la mesa cotidiana del pueblo trabajador o como dijo el señor Calderón “todos productos básicos que son de enorme consumo popular”. De esta manera, como se trataba de beneficiar a la población de menores ingresos no se incluyeron otros productos como los aceites comestibles, el arroz, el pan, el frijol (bueno si se incluyeron varios tipos de frijol pero en lata de esos de amplio consumo entre la población) y muchos más que seguramente no son de amplio consumo, pues quienes los adquieren cada vez tienen menos dinero para comprarlos.

 

 

 

Octavio Rodríguez Araujo

 

De culpables a culpables

 

Observo un fenómeno muy curioso en los medios: hubo un operativo policiaco y murieron 12 personas. Noticia de primera plana, fotografías, artículos de opinión, seguimiento diario, videos, acusaciones, fotografías de los padres de los muchachos muertos o heridos, entrevistas, y más que probablemente se me ha escapado. Por lo que he entendido, la policía, pese a sus grandes errores en el operativo tan comentado, no fue a ocasionar muertes, no hubo esa intención, aunque la impericia de sus mandos haya provocado tal catástrofe. Las voces y plumas pagadas o subordinadas por oportunismo al calderonismo y al Partido Acción Nacional han pedido la caída del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal; el senador panista Tamborrel ya vaticinó el costo político que pagará Ebrard por el caso News Divine (ni siquiera lo planteó como posibilidad), y los siempre enemigos del PRD y de López Obrador ya han propuesto, bajita la mano, linchamientos políticos y advertencias de lo que le pasaría a México si los perredistas llegaran a gobernar en 2012.

 

Leo en Reforma que en lo que va de 2008 (hasta el 20 de junio) han muerto mil 751 personas a consecuencia de la lucha de Calderón contra la delincuencia organizada (los narcos en especial). El año pasado murieron, según la misma fuente, 2 mil 275. La Jornada del martes pasado reportó que en 48 horas fueron asesinadas 37 personas. Y así es todos los días, y los mismos que piden linchamientos por la muerte de 12 personas (incluidos policías) en un operativo policiaco en un antro sospechoso de vender alcohol a menores y también drogas ilícitas han callado o han felicitado a Calderón por su aventura contra el narcotráfico demandada por el gobierno de Washington.

 

El operativo de Calderón es, para sus voceros oficiales y oficiosos, un acto patriótico; el operativo de la policía del Distrito Federal fue casi un homicidio (homicidio imprudencial), una tragedia por la que tendrán que pagar (ya están pagando) los funcionarios policiacos responsables. No los exculpo, que quede claro, pero ¿quién está pagando y pagará por la muerte de cientos de civiles inocentes y de policías ejecutados por el avispero que ha estado removiendo Calderón?

 

No estoy insinuando que se deje al crimen organizado vía libre para que haga lo que quiera, pero, si hablamos de impericia en los operativos de un jefecillo policiaco en un antro del Distrito Federal y de castigarlo, ¿por qué no hablamos de la impericia del inquilino de Los Pinos en contra los traficantes de drogas ilícitas, y también se le exigen responsabilidades por la cantidad de muertos habida? ¿Por qué no legalizar las ahora ilícitas drogas y controlar su producción y venta, además de gravarlas fiscalmente? ¿Por qué no se atiende el problema de los consumidores de drogas en México? ¿No es curioso que se dediquen más espots gubernamentales y paragubernamentales a la adicción al tabaco que a las drogas ilícitas?

 

Lo de News Divine se está usando para desprestigiar al gobierno de Ebrard, para evitar que se proyecte políticamente hacia el futuro, para –de paso– recargar las baterías en contra de López Obrador por el hecho de que este personaje político lo apoyó para gobernar el Distrito Federal. Huele mal.

 

Sí, los policías cometieron errores imperdonables, pero no son los únicos. La inseguridad en el México de Calderón, provocada por las ansias de éste por quedar bien con Estados Unidos en el tema del narcotráfico, es mayor ahora que hace dos o seis años. He hablado con policías judiciales y también con algunos uniformados y me han confesado que nunca antes habían tenido miedo –sí, miedo– como ahora, pues son más vulnerables que los soldados en los afanes de vendetta del narcotráfico.

 

Hubo un error de estrategia de la policía en el antro, pero también hay un error de estrategia en la “guerra” contra el narcotráfico. Pero esto último ya no es noticia y ocupa sólo páginas interiores en los periódicos, en tanto que lo de News Divine sí lo es, así como su fácil focalización en contra de un político que, aunque no me simpatice, tiene tanto derecho como cualquiera a tener aspiraciones presidenciales.