Artículo de Jaime Ornelas Delgado

En repudio a la violencia criminal

Jaime Ornelas Delgado Jamás el pueblo ha agredido al pueblo. De ahí que, ni por asomo, se pueda decir o insinuar que el movimiento social, en sus múltiples expresiones, pueda cometer atentados como el ocurrido el 15 de septiembre en Morelia. Sólo una dolosa mala fe puede sugerirlo y no faltará quien lo intente. Los actos de barbarie como el ocurrido en Morelia durante la fiesta popular más sentida de los mexicanos, sólo pueden ser cometidos por el crimen organizado que, así, reta al gobierno y aumenta la ingobernabilidad o por quienes pretenden ocultar o desviar la atención de la deteriorada situación social prevaleciente en el país, que por supuesto de ninguna manera justifica la violencia. Los muertos de Morelia y muchos más, son los pasivos de la lucha popular. La injusta y absurda agresión fue cometida contra quienes son las víctimas de siempre. Son los pobres, de nuevo, quienes ponen los muertos y el gobierno el que hace los discursos. Y ahora se convoca a la unidad nacional. Se quiere que la población acepte resignada, en aras de esa unidad, la privatización del petróleo; que cesen las demandas laborales; que no se proteste por el alza constante de los precios de los alimentos que arroja a miles a la pobreza; que se deje de criticar y rechazar el modelo económico que condenan a millones de mexicanos al desempleo y la desesperanza que los obliga a emigrar y vivir otra cultura ajena a la suya; que se guarde “prudente” silencio ante el deterioro social y que se acepte la perversa alianza por la educación que terminará por fortalecer los valores neoliberales; que se deje de protestar por la ley de ISSSTE o por la ineficiencia del gobierno federal para enfrentar la guerra que le declaró al narco sin siquiera estar preparado para enfrentar ese conflicto del que sólo dijo el presidente que costaría muchas vidas y mucho dinero. Es de esperar que lo ocurrido en Morelia, que a nadie le duele más que al pueblo mismo, no se convierta en el pretexto que tanto ha buscado el gobierno federal para criminalizar y reprimir la protesta social pacífica provocada por la descomposición social que vive el país. En todo caso, México necesita construir una sociedad libre de este tipo de actos criminales y de la pobreza que la agobia, sin el desempleo que se generaliza y de la desigualdad y la exclusión que son ya la marca distintiva del quebranto del tejido social que el neoliberalismo ha provocado. La violencia no forma parte de la estrategia del movimiento social porque sabe que el cambio menos doloroso para el pueblo mexicano, habrá de hacerse pacíficamente. Así se ha propuesto, así se hará.   El presupuesto y sus intenciones A pesar de lo que afirmara en días pasados Agustín Carstens, secretario de Hacienda, en el sentido de que el presupuesto federal para el año próximo aumentaría en poco más de 30 por ciento para estimular el crecimiento de la economía, el proyecto enviado al Congreso de la Unión prevé un aumento menor al 6 por ciento respecto al aprobado para el año que corre, con lo cual considerando la inflación que se acerca al mismo índice, no hay un aumento real en el gasto público. El proyecto enviado por Calderón prevé un incremento real de 33 por ciento en la partida de orden, seguridad y justicia, y 42 por ciento en Defensa Nacional. Y como el presupuesto permanece casi igual y de algún lado hay que obtener recursos, se disminuyen las partidas destinadas a Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad, Reforma Agraria y Turismo. De esta manera, el crecimiento económico y la generación de empleo han pasado a  segundo término y el presupuesto pone el énfasis en el abatimiento de la criminalidad. Hay que recordar que México lleva tres años en registrar el menor crecimiento económico de toda América Latina. Se descuida, también, la inversión en infraestructura y vale recordar que México tiene un fuerte rezago en ese rubro que lo coloca en el lugar 64 de entre 125 países. La ANUIES se quejó de los montos propuestos para las universidades públicas y el desarrollo científico y tecnológico, que consideran absolutamente insuficientes.   Una partida conviene resaltar para ver como se las gasta (o como gasta Calderón) el Ejecutivo federal: El proyecto de presupuesto enviado a la Cámara de Diputados propone asignar mil 723 millones de pesos para gastos de comunicación social y publicidad de la presidencia de la República. Ni Fox se atrevió a tanto.   Hágame usted el favor Como Felipe Calderón ya no sabe qué hacer con el gobierno, convocó a un concurso para que los ciudadanos digan “cual es el trámite más inútil que se hace ante el gobierno federal”. En el programa radiofónico Economía al Aire que se transmite todos los viernes de dos a tres de la tarde, hicimos una encuesta entre los radioescuchas sobre el trámite más inútil y ofrecimos las siguientes opciones a elegir una: a) Haber ido a votar el 2 de julio de 2006, pues no se respetó el voto; b) El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto pasado; c) El nombramiento con el que Calderón benefició a sus cuates: Juan Mouriño en Gobernación; Ernesto Cordero en Desarrollo Social y Gerardo Ruiz en Economía, pues ninguno sirve para nada. Ya se podrá usted imaginar que la opción que más votos tuvo fue la primera... ¿Qué les parece el anuncio que hizo Carstens de que las gasolinas aumentarán semanalmente? A estas alzas no les encuentra uno sentido ahora que disminuye el precio internacional del petróleo. El caso es que el precio de las gasolinas en México aumenta en un porcentaje superior al de la inflación... Nada fortuito fue el ataque que sufrió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de parte de grupos porriles que, generalmente son organizados y responden a los intereses de ciertas autoridades gubernamentales. La verdad es que la derecha no tolera el que la UNAM, siendo una universidad pública, sea la mejor de América Latina y se ubique entre las 100 mejores del mundo. Por eso quieren desprestigiarla y destruirla... Véalos actuar: la oficina de la presidencia de la República, tres días antes del segundo informe de labores de Felipe Calderón, envió 60 millones de cartas a los beneficiarios de los programas sociales federales destacando los logros de su gestión. La promoción política de Calderón costó al erario 240 millones de pesos.