Después de su paso gris por la Secretaría de Educación Pública, por fin se fue Josefina Vázquez Mota, quien nunca supo el significado de esa dependencia y se pasó dos años y cuatro meses defendiendo su cargo de las acechanzas de la miss Gordillo. Pero no resistió más, y ahora se va de diputada plurinominal, que es apenas para lo que le alcanzó su amistad con Felipe Calderón Hinojosa, quien por cierto parece incapaz de tomar una decisión afortunada.
Y lo decimos no sólo por haber nombrado en su momento a quien había pedido a Dios hacerla viuda, sino por la designación de Alonso Lujambio en la secretaría creada por José Vasconcelos en su mejor época y donde alguna vez despacharan Jaime Torres Bodet y Agustín Yáñez, imagínese las diferencias da pena ajena. La verdad es lamentable el perfil de los funcionarios panistas.
Alfonso Lujambio no parece tener la menor idea de lo que ha sido y es la educación pública en México, pues desde la primaria hasta los estudios superiores nunca piso una institución pública, todos sus estudios los realizó en escuelas privadas (El Colegio Tepeyac, el ITAM y Yale), donde las aulas todas tienen techo y no hay cristales rotos, las butacas son cómodas, los maestros atienden a grupos pequeños y no hay un cacicazgo sindical que abruma a los docentes y se apropia de sus cuotas. La incuria del gobierno federal, tanto en el sistema educativo como en materia de infraestructura, no será superada por Lujambio, porque ni siquiera se lo propone, porque lo desconoce todo en cuestión educativa, desde su problemática hasta los principios y valores que deben orientar el proceso educativo público.
Sin duda, uno de los problemas fundamentales de la educación pública en México es el sistemático intento de los gobiernos panistas por privatizarla. Y no se trata sólo de las crecientes cuotas de “cooperación” de los padres de familia para el mantenimiento de los inmuebles o de los pagos de inscripción y otros que le pegan directamente al pobre ingreso familiar, sino de los cambios en los planes y programas de estudio en los cuales se olvida la formación integral de los niños y los jóvenes para hacerlos ciudadanos plenos, democráticos y participativos, orientación sustituida por la capacitación y el adiestramiento de acuerdo, exclusivamente, a las necesidades impuestas por del mercado laboral.
A Lujambio sólo se le conoce por sus tareas de operador político de Calderón. Así lo hizo cuando fue consejero electoral y en Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), donde se dedicó a proteger a “su amigo”, quien hoy lo asciende secretario en un sector de cuya complejidad nada sabe. Y si declara, Lujambio, que sólo llega a la Secretaría de Educación para hacer política, mucho nos tememos de su extrema disposición para ponerse a las órdenes de Elba Esther Gordillo para, como siempre de espaldas a los profesores, llevar adelante la llamada Alianza para la Calidad Educativa (ACE) y, al mismo tiempo, fortalecer el contubernio de Calderón con la miss ante la inminencia de las elecciones.
Por supuesto, no se podía esperar otra cosa de un gobierno ilegítimo que atenta contra la educación pública y que no la quiere laica ni gratuita, ni universal y democrática, no son esos sus principios, jamás los han compartido y, por supuesto, su partido la propone distinta: privada para hacerla negocio lucrativo, libre para destruir su laicidad y clerical para someter a la conciencia de los educandos a las explicaciones místicas y anticientíficas. En todo caso, educar para someter y no para liberar.
No cabe la menor duda, con Lujambio seguirá el deterioro de la educación público y ya tendrá pretexto el gobierno espurio para proponer la privatización de la educación y hacer de un derecho un mero servicio mercantil.
Hágame usted el... favor
¿Con que el gobierno respetaría la voluntad popular que rechaza la privatización de Pemex? Pues mire usted: Felipe Calderón en Inglaterra, tal vez enloquecido por la parafernalia de la corte inglesa, habló del potencial petrolero de México, pero, agregó, su explotación necesita del capital extranjero. Luego nos enteremos que Pemex Exploración y Producción, el organismo subsidiario más importante de la paraestatal, adjudicó mediante licitación pública internacional a la empresa estadunidense (tenía que ser) Whatherford un contrato por 686 millones de dólares para perforar y terminar 500 pozos en la zona de Chicontepec. Así se burla al pueblo mexicano, a quien debería servir para su bienestar la riqueza natural existente en el territorio nacional y no para seguir aumentando las ganancias de las empresas transnacionales.
Ahora resulta que el plan nacional anticrisis que presentó Felipe Calderón a principios de marzo, ni es plan ni es nacional. Por lo menos esa fue la respuesta que el señor Javier Lozano Alarcón dio a los obreros de la VW, quienes demandaban los apoyos prometidos para los trabajadores, cuyas empresas entraran en paro técnico. La respuesta del funcionario, además de majadera (“ya se le dijo al líder de los trabajadores pero no entiende o no quiere entender” que la ayuda no es para todas las empresas), fue terriblemente desalentadora e irritante. ¿Hasta cuándo tendremos en México a esos funcionaros arrogantes y prepotentes?.
En Campeche la familia Mouriño decidió unir su poder económico con el poder político; ya podremos imaginar con qué perversos fines, y decidió lanzar y apoyar con todo el peso de su dinero e influencia a Mario Ávila Lizárraga como candidato –por supuesto de AN– a la gubernatura de esa entidad. Pero resulta, que el Diario de Yucatán denunció que el director general de la Lotería Nacional, hombre cercano a la miss Gordillo (por donde quiera se aparece), ofreció comprarle a ese periódico 3 millones de pesos de publicidad a favor del candidato panista con la condición de que las facturas salieran a nombre de la Lotería Nacional. Demasiada corrupción ¿o no?
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