Artículo de Martí Batres Guadarrama

Martí Batres Guadarrama Objeciones de la Memoria 05 de junio de 2009

¿Justicia selectiva?

En octubre de 2008, antes de saber que colaboradores muy cercanos a Genaro García Luna en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada recibían millonarios sobornos de los Beltrán Leyva a cambio de información clasificada, un estudioso del mundo de la milicia, Javier Ibarrola, escribió un artículo con este título: La guerra de Calderón, pérdida de tiempo. En dos años, señala en el texto, “se han perdido recursos millonarios y, lo más importante, muchas vidas humanas porque nunca se pudo articular una estrategia nacional para combatir el crimen”. Reprodujo, asimismo, comentarios de distinguidos miembros del Ejército: “Una guerra contra el crimen organizado no puede ser librada para satisfacer las cámaras de televisión, los medios de información y de comunicación, los organismos no gubernamentales, sean nacionales o extranjeros. Erradicar este problema requiere de un excelente manejo de la verdad, la honestidad, la tecnología, la inteligencia, la contrainteligencia, el seguimiento, la perseverancia, la continuidad y el secreto”. Nadie puede estar en contra de lo anterior. Pero entonces vienen a la memoria hechos donde la autoridad ha sido omisa o pródiga, legal y mediáticamente a conveniencia. Por ejemplo, ¿bastó con procesar a los cercanos de García Luna y no al resto de subalternos?, ¿García Luna no falló, no es responsable?, ¿desconocía lo que hacían sus empledos?, ¿tampoco su hermana laboró con el recién arraigado secretario de Seguridad en Morelos?, ¿sabía qué hacía su jefe? ¿Por qué los medios electrónicos no fueron pródigos al informar sobre el militar de Guardias Presidenciales que trabajaba en Los Pinos, quien recibía de los Beltrán 100 mil dólares al mes?   ¿Por qué si reconocidos columnistas aseguran que desde hace tiempo Calderón tiene información de “inteligencia militar” sobre ocho narcogobernadores, no actúa?, ¿de qué sirve denunciar (como lo señaló Arturo Sáenz Ferral, director del Consejo Nacional de Fomento Educativo) que en Chihuahua, Durango y Sinaloa los maestros tienen que pedir permiso o pactar con delincuentes para dar clases, sin que nadie haga nada? Curioso también cómo se filtran a medios detenciones espectaculares para desviar la atención sobre temas que lesionarían la imagen de funcionarios federales como el procurador o el secretario de Seguridad Pública, que también trabajaron con Fox en el supuesto combate contra el narcotráfico. ¿Años de permisividad?, dicen ahora. ¿Estos funcionarios no tienen responsabilidad alguna? Definitivamente, la justicia debe aplicarse pero no de manera selectiva.