El pasado miércoles 10 de junio, fecha por cierto muy significativa para los universitarios del país, se registró en las calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla una bárbara agresión en contra de maestros de primara y ciudadanos que ejercían su derecho de manifestación. Ante esos hechos, no cabe más que la indignación y el rechazo a esas expresiones que llevan al país a un peligroso tobogán de violencia y violación a los derechos humanos, así como la cancelación del Estado de Derecho tan vulnerable y vulnerado por la riesgosa militarización del país con el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, cuyo combate no puede sustentarse exclusivamente en la vía militar, como ha propuesto el presidente espurio.
La lucha del magisterio mexicano, en general y del poblano en particular, no puede, no debe equipararse con las organizaciones formadas para delinquir. Los maestros luchan por echar a bajo la Alianza para la Modernización Educativa, pactada por Elba Ester Gordillo y Felipe Calderón, al margen del magisterio. Los profesores de primaria, están intentando rescatar la educación pública de los intereses mercantiles y clientelares de los gobiernos priistas y panistas. Equivocados o no, es su convicción y es absolutamente respetable su organización para expresar su descontento y eso no merece las violentas acciones de las que fueron víctima. La insensibilidad social del gobierno marinista, lo hace volcarse al lado de quienes hasta la fecha controlan el sindicato de maestros para ponerlo al servicio del poder, en una relación corporativa que ya debió haberse superado pero que el gobierno de Felipe Calderón utiliza para sostenerse en un gobierno puesto al servicio de los intereses de la derecha y los empresarios, como la única forma que ha encontrado para lograr la legitimación que los ciudadanos le negaron en las urnas.
En la absurda y repudiable agresión del 10 de junio no sólo fueron golpeados los profesores del SNTE, sino que la violencia alcanzó incluso a trabajadores de los medios de comunicación, así como a integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos y ciudadanos que tuvieron la desgracia de pasar por ahí. Hay una foto dramática, donde se ve un micrófono, de esos utilizados para reportear en las calles de la ciudad; el aparato está roto y abandonado en el arroyo. Del periodista que lo usaba no se supo nada.
Este 10 de junio, será una fecha que recordaremos como el día en que se violentaron los derechos ciudadanos a expresarse y organizarse libremente, derechos consagrados en la Constitución, hasta hoy ¿vigente?
Esta absurda acción de fuerza contra quienes se manifestaban pacíficamente, no quisiéramos que así fuera, parece responder a la tendencia impulsada por el gobierno federal de criminalizar los movimientos sociales. En Puebla, la represión a los habitantes de Azumiatla y la emprendida contra los disidentes de la dirección del SNTE, muestra que el gobierno está dispuesto a mostrar su faz violenta para frenar el incontenible descontento de la población con una democracia, que con todo y sus insuficiencias, está en peligro de desaparecer con la militarización y el autoritarismo que trata de imponer al país Felipe Calderón.
Hágame usted el... favor
Escucho con insistencia la convocatoria a acudir el 5 de julio a las urnas para anular el voto, como forma de protesta contra la partidocracia imperante en el país (sólo los partidos pueden proponer candidatos a los cargos de elección popular). Sin embargo, parece ingenuo que, ante el espanto de tantos posibles votos anulados, los integrantes del nuevo Congreso modifiquen las cosas, pues son parte de los beneficiarios de ese orden de cosas. La única posibilidad es aplastar con votos a quienes no quieren cambiar nada y llevar a la Cámara a quienes creen que desde ahí es posible realizar los verdaderos cambios que requiere la democracia en el país... Dice Felipe Calderón, como siempre tan imprudente, que su programa de estancias infantiles subrogadas no pretende grandes instalaciones, sino patios de casas, salas, comedores y cocheras, pero de eso a que esas instancias se establezcan en bodegas sin ventanas ni salidas de emergencia, cuya renta pagaba el gobierno del estado de Sonora y funcionado junto a negocios incompatibles con las estancias, hay una enorme distancia. Pero lo más indignante es que los panistas –como antes los priistas– sigan haciendo negocios privados con recursos públicos y cuando ocurre una desgracia como la de Hermosillo, no haya culpables... y ya viene la privatización de las cárceles... bajo el neoliberalismo, todo sin excepción es lucro con el pretexto de adelgazar al gobierno ¿o no?
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