Artículo de Susana Rappo

A DEBATE   Espacio de diálogo y confrontación

SUSANA RAPPO Hace dos días, el 15 de julio, se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla un Foro en Defensa del Patrimonio, la Tierra y el Agua, teniendo como finalidad crear un espacio de diálogo entre diferentes actores sociales involucrados en el proyecto denominado Libramiento Arco Norte y Surponiente, para lo cual se convocó a diversas instancias gubernamentales, que aparecen como directas responsables de la ejecución de dichos proyectos, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del estado, además de organizaciones, afectados, así como académicos y especialistas en diversas temáticas con el fin de conocer, difundir, dialogar y construir propuestas sociales de desarrollo con base en las necesidades de la población en las regiones de La Malinche e Izta–Popo. En la primera parte del foro, le correspondió al único funcionario que asistió, el Coordinador de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte estatal, quien presentó a través de algunas diapositivas el trazo del Libramiento Arco Norte, que va de Amozoc hasta Xoxtla, mencionando la importancia de lo que se considera un megaproyecto en materia de infraestructura vial, que será, a su decir, un detonador de desarrollo. Parte de los afectados, que tomaron la palabra para manifestar su inconformidad y al mismo tiempo su posición de no vender sus tierras y denunciar la insensibilidad del gobierno frente a las posibles afectaciones, dieron en la mayoría de los casos lecciones sobre lo que debería ser el desarrollo y la actuación de su gobierno frente a intereses empresariales que atentan sobre la vida de los pueblos. Llegaron de muchas poblaciones, y el clamor de muchos de ellos, expresado por los que intervinieron, se centró entre otras cosas, en la necesidad, pero también exigencia que tienen de ser escuchados, de ser informados y poder dialogar para decidir sobre el territorio que han construido a lo largo de los años. Los supuestos beneficios del proyecto que enarbolan los funcionarios se presentan al margen del territorio y las poblaciones que se verán afectadas por dicha obra. Es clara la confrontación de las visiones sobre el desarrollo, la que se desprende de las instancias públicas al servicio del capital y sus inversiones y otra la que se va definiendo al calor de las luchas en defensa del patrimonio, la tierra y el agua, que va explicitando una visión que permite identificar  y revalorar las vidas de las comunidades y sus pueblos. Una pregunta sigue en el aire: porqué el gobierno representa y defiende los intereses de la empresa OHL ( a la que le asignaron la obra), se vuelve representante de sus intereses, cuando debería velar y defender los intereses de pueblos y colonias afectadas. Para muchos la respuesta es obvia, el negocio y el dinero está de por medio, las comisiones por la gestión gubernamental seguramente no deben ser nada despreciables; por eso mismo se están organizando, para resistir ante la convicción de no vender sus tierras.