Artículo de Gloria Leticia Díaz

Promete CNDH recomendación "sin miramientos" sobre el caso Proceso

GLORIA LETICIA DíAZ

MÉXICO, D.F., 19 de agosto (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que emitirá un pronunciamiento, "sin miramiento alguno" sobre las dos denuncias promovidas por Proceso, en contra del gobierno federal por la cancelación de contratos para espacios publicitarios y por el intento del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de involucrar al semanario con el narcotráfico.

"Las quejas de Proceso serán atendidas a cabalidad y emitiremos un pronunciamiento conforme a derecho, aquí sin miramiento alguno", advirtió el titular de la CNDH.

Al presentar la recomendación general 17/2009 sobre agresiones contra periodistas cometidas durante los nueve años que el PAN lleva en la Presidencia de la República, Soberanes afirmó que el recorte unilateral en la compra de espacios y el acoso fiscal "son dos formas bastante socorridas" de "persecución oficial" contra medios de comunicación críticos.

"El tema de la publicidad del Estado que debe de responder  a otros actores y no a una persecución de Estado", afirmó.

Ante tal escenario, el presidente de la CNDH se pronunció por una legislación general en materia de distribución de recursos públicos en la contratación de publicidad gubernamental, para evitar que éstos sean utilizados "al capricho del gobernante en turno y como forma de proteger la libertad de expresión".

         Por si fuera poco, José Luis Soberanes, como pocas veces se le ha visto durante su gestión como presidente de la CNDH, lanzó severas críticas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), cuyos resultados, afirmó, "son más bien pobres".

"Vemos una estructura pesada que cuesta miles de pesos al país, una estructura que se tiene que repensar o vamos a continuar como con muchas instituciones del gobierno que son ineficientes, pero llenan un espacio mediático; decir que un asunto lo atrajo la PGR y ¿quién me va a garantizar que la PGR va a resolverlo? La evaluación que podemos hacer de la Fiscalía es más bien negativa y consideramos que, o lo toma en serio el gobierno o va a ser otra de las deudas de este gobierno", sentenció.

Soberanes incluso propuso que los recursos que se destinan para sostener dicha fiscalía sean canalizados directamente a familias de periodistas víctimas de agresiones.

"Si lo que ha gastado el gobierno federal en esta fiscalía especial, cuyos resultados son ineficientes, se gastara para proteger a los hijos de los periodistas asesinados sería mucho más práctico", apuntó.

De acuerdo con el análisis realizado por la CNDH en su recomendación general 17, de febrero de 2006 a noviembre de 2008 la FEADP "únicamente ha ejercitado acción penal en sólo 3 casos (…) Estos resultados llevan a sostener que su actuación no ha tenido un efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad que prevalece en los agravios a periodistas y medios de comunicación, ya sea por su limitada competencia o por la deficiencia en sus investigaciones".

Para evidenciar la impunidad que prevalece en los 65 casos graves de agresiones a periodistas analizados por la CNDH en la recomendación general 17/2009, Soberanes explicó en su discurso que Comisión acredito la actuación irregular de las autoridades, incluso, en un documento detectó que se fabricaron testigos y se torturó a los probables responsables.

Además, "de los 65 caso, en 48 no se ha resuelto la averiguación previa, es decir, siete de cada diez no se concluye la averiguación".

"En suma --dijo--, la falta de diligencia por parte de las autoridades procuradoras de justicia ha generado, en gran medida, que los agravios contra informadores queden impunes o que no se agoten la líneas de investigación procedentes". 

          Soberanes se refirió a las críticas del gobierno de Felipe Calderón contra organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación por informar sobre violaciones a derechos humanos.

Sexenios panistas de riesgo para los periodistas

Beligerante, el ombudsman señaló que son las estadísticas y no meras interpretaciones de la CNDH las que advierten que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se han incrementado el número de agresiones a periodistas.

El quinto visitador, Mauricio Farah, se encargó de informar que de 1991 a la julio de 2009, la CNDH registró 737 quejas de agresiones a periodistas; de esa cifra, 245 expedientes se abrieron en  los primeros 10 años, el resto, 492 asuntos, se conocieron durante los gobiernos de Fox y Calderón.

El visitador destacó que al total de expedientes abiertos en la CNDH falta contabilizarse los casos registrados en los organismos públicos de los estados, así como aquellos que no fueron denunciados lo que habla de la gravedad del problema.

Para mayor precisión, Farah señaló que en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se registraron 157 quejas; durante el gobierno del presidente Fox, 257, y en lo que va de la administración del presidente Calderón, 217. "Durante el gobierno del presidente Fox se contabilizaron 26 homicidios y  3 desapariciones; en lo que va de esta administración,  21 homicidios y 4 desapariciones", agregó.

         El documento presentado por Soberanes hace siete recomendaciones a los gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y los titulares de las procuradurías General de la República y de Justicia Militar.

         De forma genérica, el documento entregado el martes 18 a las autoridades, sugiere terminar con la impunidad; lograr la protección del ejercicio periodístico; llama a la actuación eficaz de las autoridades procuradoras de justicia; pide sancionar a las autoridades que actúen con dolo o negligencia; demanda garantías de seguridad de los periodistas en situaciones de riesgo; exige hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación del daño y pide revisar la competencia de las diversas autoridades  y sus mecanismos de rendición de cuentas.

Durante el periodo revisado por la CNDH, se registraron 52 asesinatos, siete desapariciones forzadas y seis atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación, casos en los que la Comisión detectó irregularidades que se han traducido en impunidad.