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El decálogo de Calderón ahondará la crisis

 

 

ARTURO HUERTA GONZÁLEZ

El 2 de septiembre Felipe Calderón presentó 10 puntos para la “transformación” del país. En el primero se habla de “concentrar la fuerza y los recursos del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza y mitigar los impactos negativos que la crisis alimentaria y económica han dejado en la población”. Cabe recordar que programas contra la pobreza, van y vienen, y la pobreza se ha incrementado en el país, lo que evidencia que ésta no se disminuye con políticas de subsidio a los sectores marginados, ya que es resultado de la política económica predominante, que atenta sobre la generación de empleos bien remunerados, y mientras ésta persista, continuará dicho problema. Se habla de crisis alimentaria, y a lo largo de los 10 puntos no se presentó una política agrícola encaminada a resolverla.

En el tercer punto se pronuncia por “una educación que verdaderamente promueva al ser humano”, para lo cual no plantea una política fiscal de expansión del gasto al rubro educativo, sino por el contrario, ya se ha anunciado que se restringirá el presupuesto fiscal hacia las universidades, lo que actuará en detrimento de la mayor incorporación de jóvenes a la educación pública superior, actuando ello en detrimento de la formación de capital humano, indispensable para el desarrollo económico y para mejorar las condiciones de vida de la población.

En el punto cuarto se plantea una reforma profunda de las finanzas públicas, donde se realizarán esfuerzos de austeridad y se “fortalecerán los ingresos públicos a través de la simplificación de los trámites fiscal, la reducción de la evasión y el incremento de la recaudación”. Tales medidas no harán de las finanzas públicas un instrumento a favor del crecimiento económico. La política de austeridad, vendrá a contraer más la demanda y el mercado interno, lo que junto a la caída de las exportaciones y de las remesas, traerá por resultado mayor contracción económica y del ingreso de empresas e individuos. El problema de la baja captación tributaria no se debe a lo complicado de los trámites fiscales, sino al bajo gasto que el gobierno realiza, lo cual reduce los ingresos de las empresas e individuos, y por lo tanto la captación tributaria. Asimismo, por años se ha venido diciendo que se combatirá la evasión tributaria, y tal problema sigue, evidenciando que el gobierno no quiere gravar al gran capital, que son los evasores por excelencia. El gobierno no podrá ver incrementada su recaudación, dado el contexto recesivo que la propia política y la crisis configura. En contexto de recesión no hay viabilidad de incrementar los ingresos tributarios, dada la caída de los ingresos de las empresas e individuos. El gobierno recauda lo que gasta, y al gastar menos, restringe la actividad económica y los ingresos de los contribuyentes, por lo que su captación será menor.

El gobierno debe olvidarse de equilibrar las finanzas públicas. Debe trabajar con gasto deficitario a fin de incrementar la demanda y así contrarrestar la caída de las exportaciones, de las remesas y de la entrada de capitales. Ello no sería inflacionario si se destina a incrementar la productividad, como la producción agrícola e industrial y el empleo. La cúpula empresarial se opone al gasto público deficitario, pues implicaría mayor participación del estado en la actividad económica, y reduciría la de ellos. Son por lo tanto motivos políticos y no económicos, lo que lleva al gran capital financiero, su rechazo a que se trabaje con gasto público deficitario, y de ahí que el gobierno se subordina a ellos.

En el quinto punto se plantea una “reforma económica de fondo”, donde se señala que se requiere “una nueva generación de reformas en las empresas públicas del sector energético”. No contentos con lo logrado con la reforma energética del año pasado, donde se legaliza la participación de la inversión privada en toda la industria petrolera, excepto en refinación, ahora van por todo. Ello es resultado de que ante la caída de los ingresos del sector público, tanto los provenientes de las exportaciones petroleras, como por la reducción de la captación tributaria, el gobierno ya no cuenta con recursos suficientes para realizar la inversión necesaria para la refinería acordada el año pasado, por lo que necesita una nueva reforma que venga a aprobar la participación del sector privado en dicho rubro. Asimismo, el contexto de la crisis internacional y la falta de opciones rentables de inversión internamente han reducido los flujos de capital hacia el país, lo cual compromete el financiamiento para mantener el contexto de libre movilidad de mercancías y capitales, así como la estabilidad del tipo de cambio. De ahí que el gobierno se ve obligado a seguir ampliando la frontera de inversión al capital internacional, para incentivar mayores flujos de capital. Es por ello que plantea nuevas reformas estructurales en el sector energético. El gobierno sigue sin reconocer que las reformas estructurales que se han venido instrumentando, no han logrado los objetivos buscados. Tal entrada de capitales no ha incrementado la productividad, ni la producción agrícola e industrial, ni ha reducido el déficit de comercio exterior, ni ha conllevado a mayor crecimiento económico. Tales capitales solo han venido a apoderarse de la riqueza nacional. Los ingresos de capital se reciclan al exterior vía crecimiento de importaciones, las cuales desplazan a la producción nacional, e incrementan el déficit comercial, lo que nos lleva a depender más de la entrada de capitales, cayendo así en un círculo vicioso, de alta vulnerabilidad y fragilidad, que ha desencadenado la crisis que enfrentamos. No será la venta de la industria petrolera lo que vendrá a resolver nuestros problemas, sino por el contrario, ello solo los ahondará, tal como ha acontecido con todas las reformas estructurales instrumentadas en los últimos años.

El punto séptimo del decálogo está referido a la reforma laboral, la cual, se dice, facilitará “el acceso de millones de mujeres y jóvenes a la vida económica con un ingreso digno”. Dicha reforma va encaminada a legalizar la libre movilidad de la mano de obra al interior de la empresa, así como la contratación por horas, y la reducción de prestaciones laborales, a fin de disminuir el costo del trabajo, para supuestamente mejorar la competitividad, para atraer capitales y así mejorar el empleo nacional. Se parte de la concepción teórica de que el empleo es en función del nivel de salarial, por lo que hay que reducir el costo laboral, para aumentar al demanda por trabajo. El problema es que ello no es así. Los salarios reales han venido cayendo (o no han crecido) desde hace tiempo, y ello no se ha traducido en mayor empleo. Una empresa no genera empleo, si éste no le redunda una ganancia por arriba de lo que pagaría por ese salario, y en el contexto actual de caída de exportaciones y del mercado interno, por más reducción del costo laboral que logre la reforma laboral propuesta, no habrá mayor inversión y demanda por mano de obra como piensa el gobierno. Por el contrario, los menores salarios vendrían a contraer más el mercado interno, y con ello la producción y la generación de empleo.

El punto octavo plantea una “reforma regulatoria a fondo, para contar con una regulación base cero que facilite la vida de los ciudadanos”. Se insiste en mayor desregulación de la actividad económica. No contento el gobierno con todo el proceso de desregulación que ha venido predominando desde los años 80, que ha conllevado a que el mercado pase a predominar y haga lo que quiera, y desarrolle prácticas especulativas en todas las esferas de la vida económica, lo cual ha desembocado en la crisis de proporciones que encaramos, se plantea ahora regulación base cero. Con ello se daría paso absoluto al predominio del mercado de economía abierta en la conducción y restructuración de la economía, lo que nos llevará a profundizar la crisis que tales fuerzas del mercado han ocasionado. El diagnóstico de la crisis del cual parte el gobierno, es que ésta viene de fuera, y no reconoce que ella es derivada de la política económica y de las reformas estructurales que han venido predominando. De ahí que insiste en profundizar las libres fuerzas del mercado, para así salir de la problemática económica que enfrentamos. Tal error de concepción, implicará que las prácticas especulativas y la salida de capitales prosiga, así como la crisis y sus graves consecuencias sobre la producción, el empleo, la miseria y la violencia e inseguridad generalizada en la vida nacional.