Tardó mucho tiempo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en darse cuenta de la existencia de la crisis económica en México. Durante meses, atendiendo a lo que decía el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el gobierno sostuvo que la “pulmonía” de Estados Unidos era apenas un “catarrito” en nuestro país, y el mismo Carstens aseguraba que en 2009 la economía crecería 1.8 por ciento y que, por tanto, era equivocado hablar de crisis económica, pues “sólo” se trataba de una crisis financiera proveniente del exterior.
La evidencia, sin embargo, era abrumadora: no se trataba únicamente de una crisis financiera, sino de una crisis económica y social con diversas expresiones: tan sólo en noviembre y diciembre pasados se perdieron 400 mil empleos en la economía formal, cifra ni siquiera registrada en la crisis de 1994–95; además, la inflación se acercó al 7 por ciento (aunque los precios de los productos de la canasta básica aumentaron más del 15 por ciento), la más alta de los últimos ocho años; además, la devaluación se hizo nuevamente presente; asimismo, la pobreza crece con prisa y sin pausa, y mientras Agustín Carstens reculaba para asegurar feliz que el Producto Interno Bruto (PIB) en 2009 registrará “una tasa cero de crecimiento”, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, auguraba que el PIB tendría una severa caída que ya comenzó en el último trimestre del año pasado.
Se trata, pues, de una indiscutible recesión económica que se define como una caída significativa y generalizada del conjunto de la economía, y no sólo ubicada en un sector de la actividad económica. A su vez, la crisis económica se considera una recesión profunda que se aprecia en la caída de la producción, en el aumento del desempleo, la disminución del ingreso real debido al aumento inmoderado de los precios y otros indicadores que muestran tanto el estancamiento en la economía como la disminución del bienestar social.
Esta situación, que caracteriza hoy a la economía mexicana, sin duda requiere acciones deliberadas que atiendan no sólo a los efectos de la crisis, sino también a sus causas profundas y que corrijan los desajustes ocasionados por el libre funcionamiento del mercado; sin embargo, el gobierno de Calderón presentó el miércoles 7 de enero pasado lo que llamó un “Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo”.
Los compromisos del gobierno expresados en el acuerdo se resumen en cinco ejes: impulso al empleo, apoyo a la economía familiar y a la competitividad de las empresas pequeñas y medianas; mayor gasto en infraestructura y ejercicio oportuno del gasto público. Como puede observarse, hay una evidente omisión: el campo. Creer que el campo no existe no sólo es ridículo, sino riesgoso. Algo más, en el “Acuerdo” nada se dice de reducir el gasto corriente del gobierno federal, y eso, simplemente, lo hace nugatorio.
El “Acuerdo”, bien mirado, compromete únicamente al gobierno federal y a nadie más, por lo que difícilmente se le puede considerar acuerdo a un listado de intenciones elaborado unilateralmente. Los cinco ejes del “Acuerdo” se desglosan en 25 puntos que incluyen el manejo de las tarifas correspondientes a los servicios públicos como: el congelamiento de los precios de las gasolinas (después de 35 aumentos el año pasado que han hecho que sean más caras en nuestro país que en Estados Unidos y que en Chetumal muchos ciudadanos carguen gasolina en Belice por ser más barata allá); la reducción del 10 por ciento en el precio del gas LP (que ha tenido incrementos constantes desde hace varios años por lo que, pese a la reducción, seguirá siendo carísimo); se propone, también, disminuir las tarifas eléctricas industriales, aunque los hogares sigan pagando los elevados recibos con que los castiga bimestralmente la CFE y a no ser por estas medidas el resto de las propuestas son meras promesas difusas sin precisar los mecanismos e instrumentos para echarlas a andar; por ejemplo, no se dice cómo se canalizará el crédito prometido a las pequeñas y medianas empresas.
El dichoso “Acuerdo”, que no lo es, fue presentado en un acto muy a la vieja usanza priista y firmado, claro está, por los miembros del gabinete, la nueva y la vieja clase política, los gobernadores del país –incluidos los perredistas, excepto Marcelo Ebrard–, empresarios chicos, medianos y grandes (que a nada se comprometen y sí recibirán los posibles beneficios), así como por “dirigentes obreros y campesinos”. En fin, “todas las fuerzas vivas de México” estuvieron ahí en donde la clase que ostenta el poder mostró su enorme capacidad de unirse cuando se trata de salvaguardar sus intereses de clase y rescatar de su decadencia al capitalismo.
Finalmente, no deja de llamar la atención que no se haya hecho un diagnóstico de las causas determinantes de la crisis que se pretende combatir. Nada se dice de los efectos del mercado sobre el estancamiento de la economía real, sobre su impacto en la distribución del ingreso y la sobreproducción de mercancías que no pueden ser adquiridas, dado el brutal empobrecimiento de los trabajadores. En fin, como afirma Granados Chapa, para enfrentar la crisis “el gobierno federal escogió no una estrategia que permita eficazmente combatirla, sino una que parezca que la combate. Eligió la ruta de la simulación”.
0 comentarios