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El Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México ahora está de gira por 400 Municipios de Oaxaca

El Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México ahora está de gira por 400 Municipios de Oaxaca


Sólo con una transformación de la vida pública se logrará abatir la desigualdad económica y social en México, asegura López Obrador

Santiago Yolomécatl, Oaxaca
Viernes 14 de agosto de 2009



* Tanto PAN como PRI representan a un grupo de potentados, de oligarcas, que no quiere perder privilegios, señala

* La elección del próximo 4 de julio para renovar el gobierno de Oaxaca es una oportunidad para sacudirse 80 años de priato, estima

* La pavimentación de los caminos los municipios de usos y costumbres se ha convertido en una demanda permanente durante el recorrido por suelo oaxaqueño


Andrés Manuel López Obrador aseguró que la renovación de la vida pública del país es la única salida para sacar al país de la debacle económica, “porque ya no es una situación que se pueda remediar sólo con echar a andar a la economía y generar empleos”.

El presidente legítimo de México expuso que si se transforma la vida pública, también se tiene que cambiar la forma de hacer política, para abatir la desigualdad económica y social de México y, por ello, “estamos luchando”, resaltó.

Consideró que la crisis económica y el boquete de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas del país se habría evitado si la oligarquía del poder y del dinero “nos hubiesen permitido impulsar un cambio real en la nación”, a partir del 2006.

Sin embargo, los potentados impusieron a un empleado, a un pelele, Felipe Calderón, en la Presidencia de la República para mantener privilegios y oprimir al pueblo de México.

Pero, aclaró, “como vieron que Calderón no les sirvió, que ya no existe en el ámbito político, que ni siquiera terminó el sexenio, ya están fabricando a su nuevo pelele, en la persona de Enrique Peña Nieto”.

En consecuencia, indicó, Felipe Calderón resultó ser el responsable de los graves y grandes problemas del país y se convirtió en chivo expiatorio.

En el cuarto día de la tercera semana de gira por municipios de usos y costumbres de Oaxaca, mencionó que la empresa Televisa es la encargada de fabricar a “la barbie masculino, cuyo único atributo e ideología se resume en su copete y que tiene el objetivo de mantener los privilegios de unos cuantos”, a la mafia de la política, del poder y del dinero.

Tanto en Santiago Yolomécatl como en Santa María Nduayaco, San Andrés Lagunas, San Vicente Nuñú y San Juan Teposcolula, llamó al pueblo de México a dejar de pensar que el PRI y el PAN son distintos.

“Es lo mismo Salinas de Gortari que Fox, Calderón es igual que Ulises Ruiz”, señaló al destacar que el pueblo oaxaqueño tiene la oportunidad de cambiar la situación de abandono y pobreza que vive el estado en los comicios del próximo 4 de julio de 2010.

“Ya es necesario un cambio en Oaxaca, una alternancia en el gobierno, porque desde hace 80 años al pueblo lo viene gobernando una oligarquía”, indicó.

Para mañana, el presidente legítimo de México San Pedro Nopala, Santiago Teotongo, Santo Domingo Tonaltepec, Santo Domingo Yanhuitlán, San Andrés Sinaxtla, San Juan Sayultepec, San Bartolo Soyaltepec.

Artículo de Alejandro Encinas

Artículo de Alejandro Encinas

Alejandro Encinas Rodríguez
A propósito de Acteal
15 de agosto de 2009

Durante los últimos años se ha establecido en el país un clima de violencia, incertidumbre y ausencia de autoridad que favorece la violación de los derechos humanos y particularmente de los derechos políticos. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, el Ejército y las fuerzas federales son empujados hacia la ocupación del territorio y a actuar como un poder absoluto sin controles democráticos. Los operativos realizados en esta guerra aumentan de manera preocupante el número de casos de violaciones a los derechos humanos y abusos contra la población civil, y propician el resurgimiento de grupos caciquiles y la persecución política.

La violencia resurge contra luchadores sociales y militantes políticos, sin que se castigue a los responsables en un escenario de impunidad que forma parte de la vida cotidiana de una sociedad que se va acostumbrando a ésta sin que levante su voz.

Tan sólo en el primer semestre del año han sido asesinados 24 militantes perredistas en distintos estados de la República. Son los casos de:

—Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización del Futuro del Pueblo Mixteco, quienes fueron encontrados con signos de tortura el 20 de febrero en Ayutla, Guerrero.

—Natalio Solano González, presidente del comisariado de bienes comunales de Ocoapac, asesinado el 15 de febrero en Copanatoyac, Guerrero.

—Beatriz López Leyva, representante del gobierno legítimo en el estado de Oaxaca, asesinada el 6 de marzo en San Pedro Jicayán, Oaxaca.

—Gustavo Bucio Rodríguez, candidato suplente por el PRD a diputado federal, acribillado el 7 de marzo en Cuatro Caminos, Nueva Italia, Michoacán.

—Álvaro Rosas Martínez, dirigente del PRD en Petatlán, Guerrero, asesinado el 29 de abril.

—Pedro Lugo Rivera, dirigente campesino asesinado el 16 de mayo en Ocoroni, Sinaloa.

—Faustino Vázquez Jiménez, asesinado mientras repartía nombramientos de representantes de casilla el 4 de julio, en Ayahualco, Chilapa, Guerrero.

—Juan Zarabia Adame y Fernando Marino, victimados el 4 de julio en Chichihualco, Guerrero. dirigían a votar.

—Gabino Barrera Salazar, amordazado y torturado, el 5 de julio en Chilapa, Guerrero.

—Daniel Tetla Hernández, abogado de asuntos agrarios, asesinado el 13 de julio en Totimehuacan, Puebla

—Fermín Mariano Matías, consejero del PRD en Puebla, estudiante del Instituto de Física de la UNAM, asesor de diversas organizaciones sociales, quien apareció en la fosa común el 27 de julio en San Juan Totolac, Tlaxcala

En el marco de la polémica resolución de la Corte respecto a la matanza de indígenas en Acteal y de la designación del nuevo presidente de la CNDH, es necesario fortalecer una verdadera política de atención a los derechos humanos que garantice condiciones que propicien la paz social, el ejercicio de las libertades y castigar de manera expedita los casos de violaciones a derechos, especialmente los asesinatos y desapariciones de carácter político.

Debe asumirse que no existirá una verdadera libertad política si se criminaliza a quienes participan en movimientos sociales, se hostiga a las agrupaciones que defienden los derechos humanos y persisten asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, tortura y persecución por motivos políticos. En tanto prevalezcan la impunidad y el manejo discrecional de las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia, no existirán las condiciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos.

aencinas@economia.unam.mx

Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM

—Macario Rivera, Pedro Rivera Peñalosa, Marcelo Rivera Martínez, Valente Rivera Romero, Ricardo Romero Acosta, Pascual Romero Rivera, Carlos Rivera Lozano, Abigail Alemán Romero, Remedios Romero Alemán, Beatriz Romero Alemán, Olga Sánchez Arellano, los 11 fueron emboscados el 5 de julio en Coahuayutla, Guerrero, cuando se dirigían a votar.

—Gabino Barrera Salazar, amordazado y torturado, el 5 de julio en Chilapa, Guerrero.

—Daniel Tetla Hernández, abogado de asuntos agrarios, asesinado el 13 de julio en Totimehuacan, Puebla

—Fermín Mariano Matías, consejero del PRD en Puebla, estudiante del Instituto de Física de la UNAM, asesor de diversas organizaciones sociales, quien apareció en la fosa común el 27 de julio en San Juan Totolac, Tlaxcala

En el marco de la polémica resolución de la Corte respecto a la matanza de indígenas en Acteal y de la designación del nuevo presidente de la CNDH, es necesario fortalecer una verdadera política de atención a los derechos humanos que garantice condiciones que propicien la paz social, el ejercicio de las libertades y castigar de manera expedita los casos de violaciones a derechos, especialmente los asesinatos y desapariciones de carácter político.

Debe asumirse que no existirá una verdadera libertad política si se criminaliza a quienes participan en movimientos sociales, se hostiga a las agrupaciones que defienden los derechos humanos y persisten asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, tortura y persecución por motivos políticos. En tanto prevalezcan la impunidad y el manejo discrecional de las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia, no existirán las condiciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos.

aencinas@economia.unam.mx

Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM

Artículo de Carlos Fernandez-Vega

Artículo de Carlos Fernandez-Vega

México SA

Informe del Inegi desmiente que lo peor de la crisis ya pasó

Carlos Fernández-Vega
Señal inequívoca de que lo peor ya pasó es el balance (oficial) que en materia de empleo y sobre el primer semestre de 2009 divulgó ayer el Inegi, del cual sobresalen los siguientes resultados: de junio de 2008 a igual mes del presente año el desempleo en el país se incrementó 48.44 por ciento, proporción equivalente a casi 772 mil mexicanos que se sumaron al ejército de reserva para totalizar 2.4 millones de personas en tan precaria situación; alrededor de 232 mil empleadores causaron baja, lo cual equivale a una caída de 10.7 por ciento; la tasa de subempleo llegó a 11.1 por ciento de la población ocupada, 61 por ciento más que 12 meses atrás; dos de cada tres mexicanos ocupados (64 por ciento) no tienen acceso a las instituciones de salud, y para redondear el escenario la tasa de ocupación en el sector informal de la economía llegó a 28.12 de la población ocupada (12.2 millones). Si a lo anterior se añade el triste panorama que se vislumbra para 2010, entonces queda claro que la célebre cuan repetitiva frase del inquilino de Los Pinos, citada al inicio de estas líneas, no es más que una rotunda tomadura de pelo.

Mientras el desafinado Calderón le hacía al mariachi en Montevideo, el Inegi divulgaba los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al segundo trimestre de 2009, de la que se toma la siguiente información: en ese lapso la población ocupada sumó 43.3 millones mexicanos (27.1 millones hombres y 16.2 millones mujeres), monto inferior en 522 mil personas con relación al reconocido en el mismo trimestre de 2008, cuando se ubicó en 43.9 millones. Más de la mitad de la población ocupada (53.1 por ciento) se concentró en las ciudades más grandes del país (100 mil y más habitantes); en localidades rurales (menores de 2 mil 500 habitantes), 19.2 por ciento; en asentamientos de 15 mil y menos de 100 mil habitantes (urbano medio), 14.6 por ciento, y el resto de ocupados (13.1 por ciento) en localidades de 2 mil 500 a menos de 15 mil habitantes (urbano bajo).

Por sector de actividad, 5.6 millones de mexicanos (13 por ciento del total) se ocuparon en el sector primario; 10.4 millones (24.1 por ciento) en el secundario o industrial, y 27 millones (62.2 por ciento) en el terciario o de los servicios. El restante 0.7 por ciento no especificó su actividad económica. Los montos correspondientes que se presentaron en el periodo abril-junio de un año antes fueron de 5.8, 11.2 y 26.6 millones de personas, en el mismo orden.

Si se considera a la población ocupada en función de la posición que tiene dentro de su trabajo, el balance es que más de dos terceras partes del total (66.1 por ciento), esto es, 28.6 millones, son trabajadores subordinados y remunerados; 10 millones (23 por ciento) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.8 millones (6.4 por ciento) son trabajadores que no reciben remuneración, y 1.9 millones (4.5 por ciento) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.

En el segundo trimestre de 2009 la población desocupada en el país se situó en 2.4 millones de personas y la tasa de desocupación equivalente fue de 5.2 por ciento, contra 3.5 por ciento en igual lapso de 2008. En las zonas más urbanizadas del país (100 mil y más habitantes) la tasa de desempleo abierto llegó a 6.4 por ciento, mientras en las de 15 mil a menos de 100 mil habitantes fue de 4.5; en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil se ubicó en 4.2, y en las rurales de menos de 2 mil 500 habitantes se estableció en tres. Cifras desestacionalizadas indican que la tasa de desempleo a escala nacional se incrementó 0.70 puntos porcentuales en relación con la del trimestre inmediato anterior (5.56 contra 4.86).

Por otra parte, las entidades que durante el segundo trimestre de 2009 registraron las tasas de desocupación más altas fueron: Querétaro (8.1 por ciento de la PEA), Coahuila (7.8), Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León (7.2 cada una), estado de México (7.1), Distrito Federal (6.9), y Tamaulipas y Tlaxcala (6.4 en cada caso). Y con menor desempleo: Guerrero (1.6), Chiapas (1.9), Oaxaca (2.3), Veracruz (2.7), Yucatán (2.8), Campeche (3), Morelos (3.2), Nayarit (3.4) y San Luis Potosí (3.6).

Artículo de Jaime Aviles

Artículo de Jaime Aviles

Desfiladero

El mayor asesino de Acteal se llama Ernesto Zedillo

Jaime Avilés
Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor y Julio César Ruiz Ferro son los principales beneficiarios de la abominable decisión de la Suprema Corte, que el miércoles liberó a 20 paramilitares responsables de la matanza de Acteal y pronto soltará a 30 más.

No lo olvidemos: la noche del 22 de diciembre de 1997, cuando varios grupos de gatilleros a sueldo salieron de las comunidades de Los Chorros y Pechiquil, en el municipio de Chenalhó, para dirigirse a la ermita de Acteal donde oraban Las Abejas, Zedillo era presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas; Chuayffet era secretario de Gobernación y Ruiz Ferro gobernador de Chiapas, y ninguno de los tres desconocía el terrible clima de violencia, inducida, deliberadamente por ellos mismos, contra las bases de apoyo del EZLN en los Altos.

Era una política de Estado, planeada y aprobada en el más alto nivel del Poder Ejecutivo federal, y había sido puesta en marcha, en su fase crítica, hacía varios meses. Los paramilitares, armados y adiestrados por el Ejército, atacaban las casas y las cosechas de los zapatistas, las saqueaban, las incendiaban y obligaban a hombres, mujeres y niños a refugiarse en las montañas, tiritando bajo la lluvia y el frío.

Mientras esto ocurría –y La Jornada lo documentaba con las crónicas de Hermann Bellinghausen, antes que el tema fuera retomado en televisión por Ricardo Rocha–, Chuayffet se cambió de peinado, y posó para los medios, protagonizando una nota frívola, acerca de su nueva imagen. Zedillo entre tanto guardaba silencio y Ruiz Ferro coordinaba las operaciones locales.

El 4 de noviembre de 1997, mes y medio antes de la matanza, los obispos de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera, fueron tiroteados a su paso por una comunidad paramilitar del norte de Chiapas. Pero ni Zedillo, ni Chuayffet ni Ruiz Ferro intervinieron para frenar la escalada violenta creada, insisto, por ellos mismos.

La primera semana de diciembre, en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, encabezó un mitin, no muy concurrido por cierto, para exigirle a Zedillo que frenara a los paramilitares. Pero los preparativos de la carnicería continuaron. Todo está documentado en las hemerotecas. En los centros defensores de los derechos humanos abundan los testimonios y las pruebas. Sobran evidencias para demostrar que se trató de un crimen de Estado, con una finalidad militar estratégica.

Hasta ese momento, a casi cuatro años del inicio de la rebelión, las fuerzas armadas no habían ocupado a su entera satisfacción los Altos de Chiapas. Necesitaban un pretexto. Y con la anuencia de Zedillo y de Chuayffet, y la sumisión de Ruiz Ferro, aplicando los manuales de guerra de baja intensidad del Pentágono y utilizando a los paramilitares que habían capacitado en los cuarteles, obligaron a miles de zapatistas a refugiarse en las montañas en calidad de desplazados. Una vez logrado ese objetivo dieron el golpe de gracia en Acteal. Entonces, miles de soldados se aposentaron en los Altos para evitar nuevos brotes de violencia.

Al paso de los años, la maniobra bien puede leerse como una jugada de pizarrón. De parte del gobierno, fue la respuesta más brutal a la declaración de guerra que el EZLN emitió el primero de enero de 1994. Pero, al autorizarla, Zedillo cometió un crimen de lesa humanidad por el que algún día, ojalá no muy remoto, será juzgado y condenado. Su delito, como se sabe, es imprescriptible, y cuando en México se restaure la justicia tendrá que responder, no sólo por Acteal sino también por las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, cuyo gobierno instrumentó para alcanzar objetivos de corto plazo, entre otros, por ejemplo, justificar devaluaciones temporales del peso. Sólo una bestia como él –a la que según sus propias declaraciones nunca le ha dolido la cabeza– pudo haberle causado a México tantos daños económicos y sociales y, no obstante, conservar el cinismo que le permite pasearse por el mundo como el padre de la transición democrática mexicana... merced a la cual nos dejó entre las pezuñas de un burro como Vicente Fox.

Pero por lo pronto, seamos objetivos, Zedillo y sus cómplices aplazaron por algún tiempo más el juicio que no podrán eludir indefinidamente. Se anotaron, hay que reconocerlo, una pequeña victoria, junto con los sepultureros de la historiografía, que en 2006 desenterraron los cadáveres de los niños, de las mujeres, de los ancianos y de los hombres asesinados en Acteal, y de los fetos que fueron sacados del vientre materno a machetazos, para acusarlos de delitos nefandos. Que la patria los cubra de laureles y de euros.

Gracias a las momias de la Suprema Corte, el futuro de México está en manos de los paramilitares, esos nuevos actores políticos que, inspirado en la experiencia colombiana, Enrique Peña Nieto planea utilizar, si llega a Los Pinos, como agentes pacificadores en contra del descontento popular y, supuestamente, el narcotráfico. No por nada, las relaciones entre la ultraderecha prianista y el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe están más sólidas que nunca.

Anteayer, en Bogotá, Calderón olvidó que preside el Grupo de Río y que debe fomentar las buenas relaciones diplomáticas entre los países de América Latina, y delante de Uribe se manifestó en favor de las siete bases militares que Estados Unidos planea modernizar en territorio colombiano, como parte de una eventual guerra contra Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con ese gesto de adhesión a Uribe, Calderón lanzó una bofetada a Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Las consecuencias no tardarán en hacerse visibles.

Lo bueno es, sin embargo, que la inmensa mayoría de los mexicanos ni siquiera se enteró de la excarcelación de los asesinos de Acteal, o de las nuevas formas de represión made in Colombia que se fraguan, y de ningún otro asunto, trascendente o no, porque México, sí, ¡México, nuestro querido México!, le ganó 2-1 a Estados Unidos y eso es lo único que cuenta y por lo cual merece la pena vivir borrachos de gloria hasta que termine el campeonato mundial de Sudáfrica.

La victoria de México, ¡de todo México!, sobre el equipo de Estados Unidos es mil veces más importante que el anuncio, hecho el martes por Agustín Carstens, cuando dijo que en 2010 el país dejará de captar 316 mil millones de pesos por concepto de venta de petróleo y, por lo tanto, el gobierno recortará todos los programas sociales, no fomentará las actividades productivas, no construirá la nueva refinería (pero seguirá importando gasolina y cobrando comisiones por ello), despedirá a más burócratas y aplicará IVA a alimentos y medicinas, pero no rebajará los sueldos de ninguno de los altos funcionarios, ni disminuirá sus privilegios, ni pronunciará la palabra austeridad.

Al contrario, subirán todos los precios, se perderán cientos de miles de empleos, se recrudecerá la inseguridad y se multiplicarán las fuerzas represivas, pero sólo pensaremos en una cosa mágica, fascinante y extraordinaria: el futbol. Y cuando México, ¡sí, todo México!, tenga su boleto para irse a Sudáfrica, Televisa se encargará de mantenernos extasiados y anestesiados, incluso cuando no nos quede otro remedio que ir al Monte a empeñar la televisión. ¡Ah, qué maravillosos días se avecinan!

Por lo pronto, hay que ir al cine a ver Corazón del tiempo, la película que durante años y con enormes sacrificios escribieron Hermann Bellinghausen y Alberto Cortés, antes de filmarla en la selva Lacandona, con los miembros de una comunidad zapatista que relatan su propia vida, entretejida con la historia de amor entre una mujer que se quiere casar con un soldado del EZLN, pero tiene en contra la opinión de su familia. Un proyecto cinematográfico admirable, que desde su gestación contó con la simpatía y el apoyo de Robert Redford.

El Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México ahora está de gira por 400 Municipios de Oaxaca

El Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México ahora está de gira por 400 Municipios de Oaxaca

Con la movilización ciudadana y desde el Congreso, se librará la batalla contra el aumento a impuestos y la aplicación de IVA a medicinas y alimentos: AMLO

San Francisco Teopan, Oaxaca
Jueves 13 de agosto de 2009



* Habrá una defensa férrea de la economía popular, adelanta

* Reitera que no se permitirá ningún recorte al gasto social

* Sí se puede sacar al pueblo de la pobreza y la marginación, sostiene


Andrés Manuel López Obrador, anticipó que se registrará “una disputa” en la próxima Legislatura, porque los diputados del PRD, PT y Convergencia emprenderán una lucha para evitar que los priistas y panistas aprueben al gobierno espurio el cobro de nuevos impuestos para cubrir el boquete de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas.

En el tercer día de recorrido de la tercera semana de gira por los 418 municipios de usos y costumbres, el presidente legítimo de México sostuvo que mientras los diputados del Frente Amplio Progresista libren una batalla desde su trinchera, se llamará al pueblo de México a una movilización para defender la economía nacional.

“No vamos a permitir que las franquicias del PRI y el PAN aprueben reformas para que el gobierno usurpador, a través de la Secretaría de Hacienda, cobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas y alimentos, aumente los precios a las tarifas de la luz, las gasolinas y el diesel, o pretenda recortar el presupuesto destinado a programas sociales”, enfatizó.

Ante los habitantes de San Francisco Teopan, expuso que el presidente pelele, Felipe Calderón, buscará recortar el presupuesto destinado a la educación pública, a la salud y a lo poco que se destina a las comunidades indígenas.

En otro orden de ideas, el presidente legítimo de los mexicanos invitó a los oaxaqueños a hacer un cambio en Oaxaca en las elecciones del 4 de julio del 2010.

Hizo énfasis en que cuanto más dure el régimen que han impuesto al país los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, más sufrimiento habrá para el pueblo.

Acompañado por los senadores Gabino Cué y Salomón Jara, dijo que el pueblo de Oaxaca y en general los mexicanos no pueden ni deben conformarse con la situación de crisis que padece el país, tampoco quedarse sin hacer nada.

Ya es tiempo de cambiar el actual modelo económico que ha resultado un fracaso en poco más de 26 años de vigencias, urgió al asegurar que sí es posible sacar al pueblo de la pobreza, siempre y cuando que logre consolidar un movimiento por la transformación de la vida pública

Para mañana, el presidente legítimo de los mexicanos recorrerá los municipios de Santiago Yolomecatl, Santa María Nduayaco, San Andrés Lagunas, San Vicente Nuñu, San Juan Teposcolula y San Pedro Yucunama.

Artículo de Julio Pimentel Ramírez

Artículo de Julio Pimentel Ramírez

Tragedia nacional
2009-08-14


Julio Pimentel Ramírez

En el momento de instalarse Felipe Calderón en la presidencia de la República, mediante un fraude electoral de Estado, ni los más pesimistas vaticinios de los llamados “catastrofístas” se acercaron a trazar la imagen de la tragedia nacional que nos ofrecen las cifras oficiales, con frecuencia maquilladas, en materia económica tal como anunció en forma patética Agustín Carstens, quien todavía no hace mucho insistía que en México tendríamos un simple “catarrito” mientras el vecino de Norte se enfermaba gravemente.

Para un país golpeado por casi cuarenta años de políticas neoliberales, cuyos efectos son múltiples, subrayando en esta ocasión los que se refieren a la desigualdad: más de la mitad de la población en la pobreza y 20 millones en la miseria; en tanto, un puñado de individuos en la cúspide de la riqueza, y la insistencia de Calderón y su equipo económico en aplicar medidas en consonancia con este desprestigiado modelo, puede calificarse de necedad esquizofrénica y postración incondicional con los señores del dinero.
Carstens informó que para el 2010 el déficit en los ingresos públicos será de 300 mil millones de pesos, y aceptó con indiferencia y cinismo, lo que otros muchos ya habían advertido: “desde el punto de vista retrospectivo, histórico, éste es el shock financiero más grande que ha recibido México cuando menos en los últimos 30 años, y de hecho, el país nunca habría enfrentado una caída en ingresos presupuestales tan grande en un año”.
Durante 2009, recalcó, los ingresos petroleros disminuyeron en 211 mil millones de pesos, de los que 158 mil millones son resultado de menor precio y volumen de extracción de petróleo, además de 115 mil millones por menores precios del gas, a los que se suma una caída en la recaudación fiscal de 270 mil millones de pesos.
Es decir en solamente dos años de calderonismo, el terrible golpe recibido por las finanzas públicas asciende a casi 900 mil millones de pesos. La solución oficial: recortes al gasto público, elevación de impuestos, esto sin tocar los llamados “gastos personales” de la alta burocracia.
Entendemos que la crisis económica es de carácter estructural y que golpea, con diferentes grados de intensidad y modalidades, a todos los países del mundo sin excepción. La situación concreta de cada nación y la respuesta de cada gobierno para enfrentarla, determinará disminuir sus efectos y en plazo aún indeterminado, salir de ella.
En el caso de México, puede calificarse criminal insistir en aplicar medidas que, además de incrementar el costo social y elevar el índice de concentración de la riqueza, mantiene la dependencia económica y la distorsión de sus estructuras productivas, con una industria nacional en severos problemas y un sector agropecuario prácticamente desmantelado, a excepción de pequeños sectores vinculados a la exportación.
Por esto compartimos, en parte, las declaraciones del rector de la UNAM, José Narro Robles, quien subrayó que “la crisis no es sólo coyuntural, sino que tiene raíces estructurales, por lo que requerimos cambiar un modelo que se ha agotado y que ya no muestra ser el conveniente para México. Invito a emprender la refundación de la República, y para ello el Senado es el espacio privilegiado para hacer el llamado para establecer un mecanismo que permita acordar los consensos necesarios para diseñar la nueva estructura del país. En el modelo seguido están las causas de la crisis y de una de sus expresiones: la disminución de los ingresos tributarios. Sin la acción compensadora del Estado, el mercado no puede regularse por sí mismo y menos resolver las injusticias sociales. El bienestar de la población y su seguridad social son los puntos más importantes, con el apoyo de la educación y la investigación”.
Sin embargo, los tecnócratas en el poder reiteran que para enfrentar el mencionado desplome en la recaudación financiera usarán parte del fondo de estabilización, que todo indica “los esfumarán” en pocos años, un mayor endeudamiento y recortes en el gasto público en prácticamente todos los renglones, menos en los superfluos, en las grandes comilonas, elevados salarios y portentosas prestaciones; así como los lujos de los inquilinos de Los Pinos, mucho menos en los vergonzosos emolumentos de ministros, comisionados, consejeros, integrantes del gabinete calderonista y demás fauna que dice gobernar este país, entre ellos los ineficientes partidos políticos, los cuales a pesar de todo no dejarán de recibir lo suyo.
Y, como cereza de este podrido pastel de la indignidad, sobresale la intención de imponer nuevos impuestos. Todo señala que se intensificará el hostigamiento del SAT contra los contribuyentes cautivos, y la protección de los grandes empresarios que eluden y evaden olímpicamente su obligación de contribuir con sus impuestos.
En el colmo de la desfachatez y la simulación, insistiendo en la mentira como signo distintivo, Calderón señala que en dos meses hemos creado 35 mil empleos, muy lejos de la cifra de 700 mil que deben crearse para alcanzar los del 2007, cuando el país ya padecía tremendos problemas de desempleo. Si no, que lo digan los millones de mexicanos que buscan emigrar y otros tantos que se sumen a la economía informal, en donde subsisten sin atención social alguna.

 

Artículo de Luis Javier Garrido

Artículo de Luis Javier Garrido

La impunidad
Luis Javier Garrido
La liberación de los criminales materiales de Acteal es consecuencia de las componendas del PAN y de Felipe Calderón con Ernesto Zedillo, principal responsable del crimen que horrorizó al mundo en 1997.

1. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de erigirse por vez primera desde las reformas de 2005 en tribunal de legalidad y poner en libertad a 20 de los paramilitares sentenciados por la ejecución de 45 campesinos tzotziles, miembros de la organización Las Abejas, en su mayoría mujeres y niños, en Acteal, municipio de Chenalhó (Chiapas), el 22 de diciembre de 1997, en el contexto del plan de contrainsurgencia paramilitar urdido por el entonces presidente Ernesto Zedillo y sus colaboradores militares y civiles, confirma que se trató de un crimen de Estado y que el régimen político de entonces es el mismo de hoy.

2. El fallo de la Corte pone de manifiesto, además de su sumisión a Los Pinos, y ello debería ser una alerta para todos los mexicanos, que las mafias que controlan el poder en México y que han integrado no sólo los intereses de financieros y seudo empresarios salinistas y filopanistas con miembros de la clase política del PRI y el PAN, militares e intelectuales de la derecha oficialista, particularmente activos en la preparación del fallo vergonzoso, están dispuestas a todo con tal de seguir controlando el poder económico y político en México.

3. La chicana judicial que utiliza el gobierno de Felipe Calderón para exonerar a los responsables de Acteal es la misma que usó de manera reiterada Carlos Salinas de Gortari a lo largo de su sexenio en diversos crímenes de Estado y que parte de una falacia: si la acusación en un caso es deficiente y se sustenta en imputaciones mal fundadas, entonces los indiciados son inocentes, lo que supone una patraña: basta en los crímenes de Estado que el Ministerio Público no integre ex profeso de manera correcta el expediente acusatorio o incluya en él pruebas falsas para que años después se libere al probable responsable como víctima de una arbitrariedad o de un error judicial. Como la osamenta sembrada en una propiedad suya y por sus propios cómplices no era la de Manuel Muñoz Rocha, uno de sus instrumentos en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari era supuestamente inocente del crimen, y se le liberó. Y ahora en el caso de Acteal es lo mismo.

4. El expediente acusatorio de Acteal no fue mal integrado, sin embargo, como consecuencia de las deficiencias de nuestro sistema de justicia, como muchos creen, sino deficientemente elaborado y de manera expresa para proteger a los principales responsables de ese crimen de lesa humanidad: el presidente Zedillo y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y para abrir la vía a la liberación de los autores materiales. Ésa, y no otra, es la responsabilidad que deberá enfrentar el entonces procurador Jorge Madrazo, responsable de la averiguación.

5. La impunidad es el rasgo fundamental de los crímenes de Estado, pues quienes los cometen obran no sólo por móviles personales (que pudieran o no tenerlos), sino que actúan en nombre de los intereses de la clase dominante y del grupo que encabeza el Estado y lo utiliza para fines facciosos, y por esa razón se les promete una inmunidad de facto ante la justicia, como aconteció con los responsables de Acteal, a los que ahora se les cumple. La movilización nacional y el escándalo internacional impidieron que en su momento se liberara a ese grupo de presuntos, pero evidentes responsables materiales del crimen, lo que ahora se está haciendo por motivos estrictamente políticos, suponiendo de manera errónea el grupo calderonista que las condiciones en el país han cambiado.

6. La derechización del aparato estatal, que se ha acentuado en México durante el gobierno de facto, ha entrañado como consecuencia que los grupos mafiosos en el poder actúen con mayor prepotencia y desprecio hacia el pueblo y que sin reparo utilicen a las instituciones para satisfacer sus objetivos, sin importarles el desprestigio al que las han arrastrado. El caso más grave no deja de ser el de la Suprema Corte, que en los últimos años convalidó el fraude electoral de 2006, ha solapado las acciones anticonstitucionales y delictivas de las fuerzas armadas, encubrió los actos criminales de los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla; avaló la represión política en Atenco, y ahora pone en libertad a autores materiales del crimen de Acteal.

7. El fallo político y no jurídico de la primera sala no hace más que confirmar que en México no se produjo un cambio de régimen político en 2000, como pretenden los panistas y la derecha intelectual, y que sólo hay una pasmosa continuidad del mismo régimen autoritario definido por la tecnocracia priísta en las dos últimas décadas del siglo XX, que sigue estando controlado por unas cuantas mafias, y del cual los dos gobiernos del PAN no han sido otra cosa que un triste episodio, pues quienes se benefician de él pretendían recuperar con los panistas la legitimidad política perdida con el PRI y lo único que han alcanzado ha sido un mayor desastre en todos los órdenes.

8. En uno de sus últimos textos sobre Acteal (La Jornada del 10 de agosto), Hermann Bellinghausen cita con ironía involuntaria la afirmación que hacen los analistas del oficialismo considerando al de Zedillo como “el último gobierno del viejo régimen” cuando lo cierto es que el país ha estado inmerso en los últimos decenios en el mismo régimen, que no ha hecho otra cosa que tratar de reconvertirse haciendo nulos los derechos de la nación mexicana, cancelando derechos individuales y sociales a los mexicanos y creando mecanismos de control cada vez más autoritarios en un marco de impunidad.

9. Los responsables materiales de Acteal han sido puestos en libertad, pero en el momento actual no debe olvidarse que los culpables intelectuales que urdieron el crimen en su desesperación por amedrentar a las comunidades zapatistas de Chiapas siguen siendo intocables: Zedillo y Chuayffet, su entonces titular de Bucareli, y buen número de militares.

10. Lo más sorprendente en el nuevo vuelco que dio el caso Acteal es que puso de relieve que todo el cúmulo de intereses oscuros que dominaban hace 12 años en el país prevalecen, y eso es algo que el pueblo de México no puede, no debe permitir más.

Artículo de Carlos Fazio

Artículo de Carlos Fazio

El imperio contrataca

Agosto 11, 2009 · 

Carlos Fazio

Ante la irrupción de procesos políticos y sociales de nuevo tipo que desafían la hegemonía y el mito de la invencibilidad del dominio de Estados Unidos en América Latina, la administración Obama/Clinton viene profundizando las estrategias heredadas por George W. Bush, con énfasis en la intervención político-militar abierta y encubierta en áreas consideradas de importancia vital para el imperio. Se trata de la tradicional política del garrote y la zanahoria, con la novedad, ahora –a decir de Pablo González Casanova–, de que opera en “redes”. Es decir, Washington cuenta con una “fuerza de tarea” integrada por gobiernos clientes, como los de Álvaro Uribe en Colombia y Felipe Calderón en México.

La actual estrategia regional fue diseñada por el Departamento de Defensa durante el mandato de William Clinton. Su primera fase arrancó en 1999, cuando el Comando Sur del Pentágono tuvo que desmantelar la base Howard en la zona del Canal de Panamá y trasladar sus principales funciones e instalaciones a Florida y Puerto Rico. Ello obligó a cambios profundos en la presencia del Pentágono en América Latina y el Caribe. El nuevo modelo alternativo fue la instalación de una red de bases militares denominadas Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés), y la selección de Colombia como plataforma para intentar una vietnamización de América del Sur.

Diseñadas como plataformas portátiles de inteligencia en conexión inmediata con el Centro Espacial de Guerra en la Base de la Fuerza Aérea Schriever, Colorado Springs (Estados Unidos), las bases FOL de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano; Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curazao) en el Caribe, han venido funcionando como infraestructura de apoyo en ruta para las fuerzas expedicionarias del Pentágono encargadas de la guerra de contrainsurgencia en la región. Washington complementó su nueva estructura militar con una red de 17 radares de largo alcance, como el que opera en Tres Esquinas (Caquetá, Colombia), y dos bases de tierra: Guantánamo en Cuba y Soto Cano o Palmerola, en Honduras, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, la única del Comando Sur fuera del territorio de Estados Unidos, vinculada con las unidades secretas de Cerro La Mole y Swan Island, indispensables para el funcionamiento de la inteligencia militar estadunidense en el área.

Con Clinton se fue diluyendo la diferencia conceptual entre la lucha contra las drogas y la guerra contrainsurgente. El conflicto interno colombiano fue alimentado con denominaciones tales como narcoguerrilla y narcoterrorismo. Luego, la administración de Bush convirtió el prototipo colombiano, basado en el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, en un producto de exportación. Las bases FOL del Plan Colombia sirvieron de modelo para la instalación de pequeñas bases en los países vecinos de Afganistán, y hoy la “democracia de escuadrón de la muerte” de Uribe aterriza en el México de Calderón, vía la Iniciativa Mérida, financiada por Estados Unidos, que, entre otros propósitos, busca consolidar un bloque de contención militarizado ante los procesos de transformación social que se vienen dando en Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Lo anterior ha sido complementado con operaciones encubiertas del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia, y las llamadas “guerras por intermediarios” que, basadas en el laboratorio de la ex Federación Yugoslava, fomentan la sedición y el separatismo en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Las acciones clandestinas incluyen técnicas de penetración como la captación de “aliados” internos mediando la corrupción, el cohecho o la afinidad ideológica, que son utilizados luego como agentes provocadores, y que, como en el caso de las actividades secesionistas en la Media Luna boliviana, puede incluir acciones de carácter paramilitar y campañas de propaganda negra e intoxicación (des)informativa, que cuentan con apoyo de grandes medios bajo control monopólico privado, alimentados por la USAID y la USIA.

En 2008, el andamiaje militar de Washington fue reforzado con el relanzamiento de la Cuarta Flota de la armada de guerra, que incursiona ahora en los océanos Pacífico y Atlántico y en las aguas marrones del interior de América Latina, en abierta provocación al vacilante Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), integrada por 12 países del área.

En su fase actual, la estrategia de reversión Obama/Clinton recurrió al golpe de Estado en Honduras, ante la intención de Manuel Zelaya de convertir la base militar de Soto Cano en un aeropuerto comercial. El presidente depuesto pretendía seguir los pasos de su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, quien no renovó el contrato para la permanencia de Estados Unidos en Manta. Sumada a Manta, la eventual pérdida de Soto Cano debilitaba la red de bases FOL del Pentágono. De allí la asonada. No obstante, Washington adelantaba negociaciones secretas con Álvaro Uribe para convertir a Colombia en su gran enclave militar en el corazón de América del Sur, con la mira puesta en los hidrocarburos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y los recursos de la Amazonia.

En el contexto de la doctrina de Guerra Irregular, el Comando Sur sustituirá las funciones de Manta con la base de Palanquero, que será apoyada por otros dos bastiones de la fuerza aérea colombiana en Apiay y Malambo, y las bases navales de Bahía de Málaga y Cartagena. Un nuevo contrato permitirá que soldados, aviones y buques de guerra de Estados Unidos participen “legalmente” en operaciones contra las guerrillas de las FARC y el ELN. A su vez, Venezuela quedará encerrada en un triángulo de hierro entre Colombia, la Cuarta Flota, Aruba, Curazao y Soto Cano. Y en breve, el papel de México, incorporado de facto a la guerra contrainsurgente regional de Estados Unidos, podría cobrar mayor visibilidad.