Artículo de Luis Javier Garrido

Luis Javier Garrido

Los privatizadores

La corrupción de los panistas, que se han beneficiado sin límites de la industria petrolera mexicana durante estos años en perjuicio de los intereses de la nación, ha sido un tema ausente en los debates del Senado, lo que es inaceptable, pues la mecánica que han utilizado es la que explica muchas de las propuestas oficiales que tienden a crear un régimen de excepción en materia petrolera que propicie el control presidencialista sobre la industria y le permita entregarla sin controles a las multinacionales.

1. La impunidad ha sido hasta ahora en los hechos la clave de las presuntas actividades delictivas de Felipe Calderón y su equipo en materia petrolera. Expedientes clasificados de Pemex, revelados por el número 102 de la revista Contralínea en mayo de 2008, evidenciaron que César Nava, secretario privado de Calderón, haciendo a un lado a Pemex, suscribió en 2005 contratos ilegales de servicios múltiples, violatorios de la Constitución, por más de 4 mil millones de dólares en beneficio de Repsol y otras trasnacionales cuando fungía como abogado general de Pemex –en particular los relativos a la explotación de gas en la cuenca de Burgos–, y que a pesar de haber sido denunciado por funcionarios de la paraestatal, según expediente DE/099/2005, no se le investigó.

2. No menos escandaloso es el caso de Gustavo Enrique Madero, quien sustituyó a Santiago Creel como jefe de los senadores del PAN y se asume como miembro de una “nueva clase política” —por lo que, como la mayor parte de los panistas “modernizadores”, es a la vez empresario, político y traficante de influencias–, quien empezó a obtener millonarias ganancias ilegales del erario federal y estatal para sus empresas cuando Calderón llegó a la Secretaría de Energía y luego, siendo legislador federal, en turbios contratos, muchos de ellos en el sector energético, como reseñó Proceso número 1650.

3. Las redes de corrupción que los panistas fueron forjando en los ocho años pasados son ya muy complejas por el componente trasnacional, pero no dejan de ser también muy primitivas. El ahora senador de Acción Nacional Juan Bueno Torio, ex director de Pemex-Refinación en la pasada administración panista —y otro de los más entusiastas privatizadores–, fue calificado desde 2006 como traficante de influencias en el sector energético al beneficiar a sus allegados con contratos ilícitos, a resultas de los cuales, según se señaló en El Universal del 3 de marzo, se le acusó de ser copropietario de por lo menos 27 empresas en el estado de Veracruz, negocios al parecer inexplicables si no se analiza su paso por Pemex.

4. Nada comparable, desde luego, con lo que se hizo desde la cúspide del poder y con lo que ahora pretende hacer Calderón. La inmensa fortuna amasada por Fox y Marta Sahagún entre 2000 y 2006, según los análisis sobre el particular, fue producto del tráfico de influencias, de la protección al narcotráfico y del peculado, pero también muy probablemente de los excedentes petroleros, y ahí está el caso también de los hermanitos Bribiesca, protegidos todos ellos por Calderón. Bueno Torio, según informó La Jornada el 23 de mayo de 2006, cuando se discutía abrirle una investigación, otorgó ilegalmente innumerables contratos de la paraestatal a sus familiares, pero también a los hijos de Marta.

5. Los casos documentados de los actos de pillería de los funcionarios que abogan ahora por la privatización de Pemex obran por decenas, y no sorprende ya el cinismo de estas mafias que siguen fingiendo que actúan por un espíritu de “modernización” y no por intereses. Conforme a una revisión de los participantes en los primeros 13 foros del Senado, según documentó en junio Proceso (número 1652), de los 46 enviados por el gobierno para defender su propuesta 35 fueron personas vinculadas “a consultoras o corporaciones trasnacionales”, y entre éstos cita a Francisco Barnés, el ex rector que quiso privatizar la UNAM en 1999, ex funcionario luego de Energía y desde hace mucho asesor de la trasnacional Dupont, dedicada a la manufactura de productos derivados de la petroquímica.

6. En los años del priísmo, un ex director general de Pemex, el senador Jorge Díaz Serrano, fue desaforado, procesado y sentenciado en 1983 por la compra fraudulenta de dos buques petroleros, pero los panistas han sido incapaces hasta ahora de procesar a Raúl Muñoz Leos, director general en los primeros años de Fox y defenestrado en 2004, a pesar de habérsele documentado maquinaciones escandalosas de corrupción.

7. La mafia de Fox se halla estrechamente vinculada a la de Calderón, como explica el hecho de que en sustitución de Muñoz Leos se designara a Luis Ramírez Corzo, señalado como uno de los funcionarios más corruptos de esa administración, a quien Calderón, vinculado a ambos, también sigue protegiendo.

8. La impunidad del poder no había sido tan absoluta en la historia de México, y éste debería ser uno de los aspectos centrales a ponderarse al decidirse el futuro de Pemex, pues un año después de los escándalos que diese en 2006 Diego Hildebrando Zavala, el cuñado incómodo de Calderón, fue recompensado por éste, ya entonces en Los Pinos, con un contrato millonario en Pemex, otorgado desde luego de manera ilegal, conforme indicó Proceso Internet el 27 de julio del año pasado.

9. El caso que ejemplifica con más claridad la actual mecánica del poder no deja de ser, sin embargo, el de Juan Camilo Mouriño, quien funge como titular de Gobernación del gobierno de facto, y quien permanece en el cargo a pesar de estar confeso de haber suscrito como representante de su empresa Ivancar contratos con Pemex Refinación cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y no deja de ostentarse como el principal enlace con la trasnacional de origen hispano Repsol YPF y con la mafia aznarista (ahora minoritaria) del Partido Popular de España.

10. Felipe Calderón, quien ocupa ilegalmente la presidencia de México, aparece, sin embargo, ante los mexicanos como el principal responsable de pretender entregar nuestra industria petrolera al capital trasnacional y de beneficiarse, junto con sus amigos, de la privatización. Desde que siendo titular de Energía entregó anticonstitucionalmente la cuenca de Burgos a la Repsol en 2004 hasta ahora, en que preconiza en el exterior que las leyes de México se van a cambiar para beneficio de las multinacionales, no ha hecho otra cosa desde su pequeñez y mediocridad que desafiar a la nación.

Dos artículos de Jaime Ornelas Delgado

TENDAJÓN MIXTO   Con el maíz no se juega: los retos del Estado mexicano   Jaime Ornelas Delgado ¿Usted le cree a Uribe? EU necesitaba un “héroe” que disputara a Lula o a Chávez el liderazgo en América Latina. No lo había podido crear. Calderón ha sido un fiasco, y sólo le quedaba Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, quien cual Rambo sudamericano está dispuesto a invadir cualquier país en busca de los “enemigos de la democracia” para asesinarlos en bien de nuestro tradicional modo de vida cristiano y occidental. La manera de inventar a ese “héroe” más que sencilla fue costosa; bueno, 20 millones de dólares pagados por los secuestrados de las FARC no parecen ser muchos si los comparamos con los resultados obtenidos. Pero decir que se pagó por la entrega de 14 rehenes, incluida a la colombo–francesa Ingrid Betancourt, no resultaba muy heroico que digamos; era una sucia transacción mercantil. Había que hacer algo que llenara las páginas de la prensa escrita, pero, sobre todo, que pudiera ser transmitido en horario estelar en la televisión de todo el mundo, tan dispuesta a contribuir a salvar al mundo de ideas extremistas. Y surgió la idea de un rescate audaz, limpio e irreprochable convertido de inmediato en hazaña mediática. Ni hablar, Uribe ha elevado su popularidad; propondrá y logrará modificar la Constitución de su país para aspirar a un tercer periodo como presidente y seguramente ganará mostrando que hay neoliberalismo para rato. Como ve usted, 20 millones de dólares no son tantos si eso cuesta construir un “héroe” anticomunista.   La tortura En su último informe sobre México, Amnistía Internacional calificó como desolador el panorama que presentaban los derechos humanos en nuestro país. Por supuesto, las protestas gubernamentales no se hicieron esperar, y trataron de descalificar la opinión de ese organismo no gubernamental.  Recientemente, sin embargo, se publicaron imágenes en los que se observa a elementos del Grupo Especial Táctico del municipio de León, Guanajuato, gobernado desde hace mucho por el PAN, torturar a algunos de sus compañeros bajo las instrucciones de un extranjero. Las explicaciones de las autoridades ante ese hecho resultan pueriles y olvidan que la tortura, en cualquiera de sus expresiones, y sin importar a quién se le aplique, está tipificada como delito del fuero común y del federal, y prescrita por la legalidad internacional en acuerdos signados por el gobierno mexicano.  Incluso la tortura está expresamente prohibida por la Constitución. En efecto, el primer párrafo del artículo 22 de la Carta Magna señala enfáticamente: “Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca y los azotes, los palos y los tormentos de cualquier especie...”, así que esas escenas de tortura son la muestra de una flagrante violación a la legalidad y la vigencia del Estado de derecho, y evidencian de lo que es capaz la derecha para someter a la disidencia, si fuera el caso. Este curso de tortura que se imparte en León por expertos extranjeros nos recuerda sin remedio que el gobierno de George Bush aprobó recientemente la legalidad de la tortura que se aplique a los ciudadanos de cualquier país a los que se considere “combatientes enemigos”, lo que les ha permitido mantener ilegalmente la cárcel de Guantánamo, donde la tortura y la detención prolongada sin juicio alguno son cosa común y los derechos humanos no cuentan para los prisioneros. Ya la “guerra que se va ganando contra el narcotráfico” está llena de violaciones a los derechos humanos, y ahora resulta que las que las autoridades municipales de León, si es que son las únicas (ya vimos que no, que “en Michoacán también se cuecen habas”), no sólo toleran la comisión de tortura, sino que la propician ofreciendo cursos a sus policías para que la apliquen. El delito es flagrante, y ante la evidencia es mejor actuar ahora, antes de que la derecha proponga legalizar la tortura modificando alguna ley secundaria que la permita. En eso también son expertos los panistas.   Lo dijo Calderón En una entrevista, el señor Felipe Calderón, a quien no podemos llamar presidente legal, pues se vayan a enojar los de IFE y digan que queremos desprestigiar al presidente legítimo, afirmó muy entusiasmado: “Enfrentar la adversidad del estancamiento económico internacional y el alza de precios fue demasiada mala suerte, pero eso hace la vida menos aburrida y la tarea de gobernar mucho más fascinante”, pues no nos queda más que celebrar el que todavía haya empleos fascinantes y con temas tan divertidos como la catástrofe económica y el hambre de millones.    Ya se buscó en la lista La fortuna personal acumulada de apenas 39 mexicanos suma 135 mil millones de dólares, equivalentes al 12.3 por ciento del PIB del país. El más rico entre los ricos, ya sabe usted, es Carlos Slim; la segunda riqueza más grande en el país es la de la familia Larrea, propietaria de la empresa minera Grupo México, exacto, los de Pasta de Conchos, ya imaginará usted cómo ha logrado esa familia ser de las más ricas del país y, en tercer lugar está Ricardo Salinas Pliego, sí el de Televisión Azteca y las tiendas Electra, la de los pagos chiquitos, empresa que ha mostrado que sí es negocio explotar a los pobres.   Opinión de peso Pues ahora dice Agustín Carstens, a quien se acusa de ser el responsable del 60 por ciento de los gases contaminantes emitidos a la atmósfera, que ni la reforma que propone el señor Calderón podrá resolver los problemas de Pemex, y que éstos seguirán por 20 o 30 años más. Se me hace que, de buena fe claro, nos quieren quitar un peso de encima y convencernos de que, para bien de México, lo mejor que se puede hacer es privatizar la paraestatal y dejar que el buen capital privado cargue con los problemas y las bajas ventas de Pemex.

TENDAJÓN MIXTO   La muerte y los jóvenes   Jaime Ornelas Delgado De la tragedia a la manipulación política La muerte siempre será un trance angustioso, y además irritante cuando son jóvenes quienes mueren por una u otra razón, y más lo es si esas muertes ocurren durante un operativo policiaco que transcurrió en medio de la incompetencia, negligencia, falta de capacitación, torpeza, prepotencia y abusos de la policía. Exactamente como ha sido y es la Policía mexicana.    Nueve jóvenes muertos son muchos (a lo que se sumaron tres olvidados policías), y alguien debe pagar por esas muertes, porque además pudieron prevenirse. Es más, se pueden prevenir otros hechos como el del New’s Divine si se evitan esos torpes operativos y se cierran los antros donde se alcoholizan y drogan, no sólo jóvenes sino niños que “sí tienen 30 pesos del cover” (según dijera el propietario del New’s Divine). Ir a un sitio donde se reúnen los jóvenes a ligar, bailar y beber no es ningún delito, y no debe criminalizarse el hecho con una falsa moral. La asistencia a esos sitios de diversión forma parte de las necesidades de los adolescentes, y no hay por qué privarlos de ella; al contrario, hay que fomentarla. Lo que también molesta e indigna de lo que ocurrió en el New’s Divine el viernes 20 de junio a las 5 de la tarde es la actitud que las televisoras, la prensa escrita y la derecha han asumido frente a esos hechos. Era de esperarse una respuesta así, que nada tiene que ver con el dolor de las vidas segadas antes de madurar, sino con el daño que creen pueden hacer al gobierno del Distrito Federal. Y está bien que quieran denostar a quien consideran su rival político, pero no manipulando los sentimientos de quienes sí están afectados por esas muertes. El acción dolosa que han emprendido los medios y la derecha puede mostrarse si recordamos que las televisoras, la prensa escrita –con la siempre honrosa excepción de La Jornada– y, por supuesto, la derecha nada dijeron, nunca se indignaron, jamás protestaron por la muerte de tres jóvenes mexicanos asesinados en territorio de Ecuador por el ejército colombiano. Esos jóvenes, mexicanos también, ni siquiera merecieron una oración o una queja de indignación.   La iniciativa Mérida El pasado 10 de junio la Cámara de Representantes de Estados Unidos autorizó el presupuesto de mil 200 millones de dólares durante tres años para la Iniciativa Mérida. Ese fue el primer paso para aprobar, el 19 de junio, la versión final de esa iniciativa que compromete al gobierno mexicano a combatir al narcotráfico en todo el territorio nacional. Finalmente, el jueves 26 de junio el Senado de aquel país aprobó integro el proyecto que le enviaron los representantes. De esta manera, México ha quedado atrapado en la guerra que, por decisión de Estados Unidos, se ha emprendido en toda la República contra el narcotráfico. De acuerdo con la Iniciativa Mérida, existe responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, sólo que Estados Unidos la saca de su territorio y ahora pagará al gobierno de Felipe Calderón 400 millones de dólares al año para que esa guerra se emprenda fuera de sus fronteras. Podemos decir que se trata de una especie de contrato de maquila, mediante el cual Estados Unidos paga a las fuerzas de seguridad en México por combatir el tráfico de enervantes, aunque Estados Unidos nada haga por combatir la distribución y el consumo en su territorio. De esta manera, en el ciclo producción–cirulación–distribución–consumo, Estados Unidos decidió solapar a su aliado colombiano en la parte que inicia el ciclo y ha decidido también no combatir a las mafias que distribuyen los enervantes en Estados Unidos, mucho menos el consumo tan extendido en aquel país; tomó entonces la iniciativa de hacer la guerra a quienes conducen la droga no en Colombia, su aliado contra la insurgencia popular en el cono sur, sino en México, donde se somete a la población a una violencia cada vez más avasallante que cuesta desde el inicio del sexenio al 25 de mayo de este año 4 mil 202 muertos civiles y 550 militares, marinos y policías federales. Si bien los congresistas estadunidenses eliminaron la cláusula que le permitía al gobierno estadounidense certificar el desempeño de las autoridades mexicanas sobre su accionar en la lucha contra el narco, se mantiene en cambio la injerencia a través de diferentes organismos en materia de derechos humanos. Y no es que nos neguemos a que se respeten esos derechos, sino que eso resulta ser una grotesca sugerencia de la principal violadora de los derechos humanos en el mundo. Tiene la Iniciativa Mérida un fuerte tufillo al Plan Colombia, que ha convertido a las fuerzas armadas de ese país en el peón de brega que amenaza la soberanía de otras naciones de la región, con la asesoría de militares estadounidenses. Nada sería más riesgoso para México que convertirse en la punta de lanza de la persecución de los migrantes centroamericanos, que por cierto tan mal son tratados en su paso por nuestro país, y más lastimoso sería que en adelante el gobierno estadunidense, porque ya sabemos que el que paga manda, se sintiera con derecho a entrometerse en la vida interna del país.   En la memoria Que nadie lo dude, a dos años del fraude cometido por la mafia que le arrebató al pueblo un triunfo electoral legítimo, se mantiene la indignación y el entusiasmo por seguir en la lucha con el presidente legítimo, que no es otro sino Andrés Manuel López Obrador.

Manifiesto de la Presidencia Legítima de México

A partir del fraude se agravó la situación económica y social de la mayoría de los mexicanos Lectura del Manifiesto del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, con motivo del segundo año del fraude electoral México, Distrito Federal Miércoles, 02 de julio de 2008

Buenos días. Voy a dar a conocer un manifiesto, con motivo del día 2 de julio. Dice así: Manifiesto. Al pueblo de México: Hace dos años la mafia de la política mexicana, en contubernio con un grupo de traficantes de influencias, que no empresarios, con la complicidad de los organismos electorales y de la mayoría de los medios de comunicación, llevaron a cabo un gran fraude electoral que despojó al pueblo de México de la posibilidad de iniciar una renovación de la vida pública del país. Esta confabulación, en la que participaron, entre otros, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo, Roberto Hernández, José Luis Barraza, Claudio X González, Gastón Azcárraga y ocho gobernadores del PRI, tuvo como propósito principal mantener la política rapaz, antipopular y entreguista que han venido imponiendo. El fraude causó un daño inmenso: frenó el avance democrático del país, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente. Pero lo más lamentable es que como consecuencia del fraude, se agravó la situación económica y social de la mayoría de los mexicanos, porque si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Hay más pobreza, desempleo, carestía y se han desbordado la inseguridad y la violencia. Todo lo cual, si se hubiese respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, por lo menos, los problemas se estarían enfrentando realmente y no habría el desaliento ni la frustración que hoy embargan a amplios sectores de la sociedad. Desgraciadamente, mientras se mantenga este régimen de corrupción y privilegios, no se podrán resolver los grandes y graves problemas nacionales. Los hombres del poder en México son insaciables. Los domina el afán de lucro y no les interesa ni el sufrimiento de la gente ni el destino de la nación. A pesar de todo el daño que han causado y del desastre actual, todavía insisten en privatizar la industria petrolera aunque con ello dejen sin porvenir al pueblo y terminen de arruinar al país. Afortunadamente, hay millones de mexicanos, mujeres y hombres, concientes de esta amarga realidad, que no claudican y están dispuestos a seguir luchando hasta lograr un verdadero cambio y construir una nueva República, donde lo principal sea la justicia, la honestidad, el bienestar, la dignidad, la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo. El fraude no canceló, sólo pospuso los anhelos democráticos del pueblo mexicano. No nos quitarán el derecho a la esperanza. Este es el documento que, con motivo del 2 de julio, damos a conocer el día de hoy. Muchas gracias.

Ponencia de Adolfo Gilly

Adolfo Gilly*

La entrega del petróleo: quiénes, por qué, para qué

La reforma energética propuesta por el Poder Ejecutivo ha sido demolida en cada uno de sus puntos y motivos a lo largo de los debates públicos de estas semanas, junto con los argumentos de sus partidarios puestos a defender una falacia. Ha quedado como lo que es: una tentativa de despojo y privatización de la riqueza petrolera mexicana. No tiene caso venir a repetir lo ya dicho. Me basta hacer mías, entre tantas otras, las razones y las pruebas aducidas días atrás por Javier Jiménez Espriú en impecable escrito.

En cuanto a la situación de hecho, es la siguiente. Después de 36 años, las grandes empresas del petróleo regresan a Irak. Después de 70 años de la expropiación de 1938, en medio de la actual fiebre especulativa mundial en el mercado petrolero, esas empresas se disponen a regresar a México pasando por encima de la Constitución y de las leyes de esta nación.

Pero aquí no hubo, como en Irak, guerra o invasión extranjera. Lo que tuvo lugar es un cambio de mando del Estado. La vieja y exhausta clase dirigente, cuyo modo político de ejercicio y de negociación del mando se encarnaba en el PRI y en sus tratos con el antiguo PAN, ha sido sustituida en el ejercicio del poder por el mando del capital financiero mexicano bajo el amparo de las finanzas internacionales.

Este nuevo mando es la encarnación en México del orden social neoliberal mundial –orden social, no modelo económico, pues es un nuevo orden social del capital lo que se expande en el mundo de inicios del siglo XXI.

Ese mando todavía no ha encontrado su forma política ideal, su modo de trato y negociación con la nación mexicana y con su pueblo. Está tanteando cómo modelar esa relación, cómo consolidarse y superar la actual fragmentación de los poderes entre los gobernadores, donde cada uno actúa como dueño y señor de su territorio frente al gobierno central y a sus propios gobernados. Hasta don Porfirio se escandalizaría si viera este espectáculo...

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El mando del capital financiero necesita encontrar, unificar y legitimar sus formas políticas y está resuelto a lograrlo. Por eso el desmantelamiento de los pilares de la Constitución, malamente disfrazado de leyes reglamentarias. Otros gobiernos antes fueron desmantelando a Pemex durante décadas para dejarla a punto de privatización, como aquí mismo lo han documentado técnicos y especialistas. Pero para consolidarse, y no sólo para hacer negocios, este nuevo mando necesita ahora desmantelar además el patrimonio nacional entero, pues la forma de existencia de ese capital al cual representa consiste en penetrar capilarmente en todos los poros de las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales e imaginarias de la nación, y en las de ésta con el territorio y la naturaleza.

Esta mutación financiera del poder mexicano tiene su actual representante en el gobierno de Felipe Calderón y Agustín Carstens, avalado en 2006 sólo por un tercio de los votantes en un proceso electoral por demás tenebroso.

No estamos, pues, ante un mando estabilizado con un partido histórico en el gobierno. Tampoco se trata de una vulgar mafia movida sólo por afanes de corrupción, como suele argumentarse en su contra. Estamos, por el contrario, ante un verdadero y real grupo dirigente de advenedizos que a sus espaldas tienen el poder de las finanzas y el monopolio televisivo. Lo encabeza la dupla Calderón-Carstens. No se les detendrá con calificativos ni con insultos que apenas sirven como desahogo.

Este grupo dirigente está llevando al país a una aventura que atenta contra los fundamentos históricos, culturales, económicos y jurídicos de esta comunidad nacional verdadera e ilusoria que se llama México, para consolidar en cambio el orden social y político de la nueva riqueza financiera en ostentosa e incontenible expansión desde la década de 1990.

De esto y nada menos es de lo que se trata.

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Pero una nación no es un montón de gente viviendo sobre un territorio. Es una comunidad humana, tanto real como imaginaria, con un pasado y una cultura comunes, con intereses compartidos y conflictos de intereses, en la cual leyes escritas y no escritas regulan las relaciones y las vidas. Lo primero se llama historia; lo segundo, economía; lo tercero, política y estatuto jurídico.

En tales premisas se sustentó la expropiación de 1938 con sus amarres constitucionales y legales. El petróleo no es en México una simple propiedad. Es un patrimonio de la nación y de su pueblo. No es mineral inerte, es herencia común y es trabajo objetivado y acumulado por generaciones. Todo eso es ignorado por la propuesta privatizadora de Felipe Calderón y Agustín Carstens.

El discurso de los expropiadores de 1938, los generales Lázaro Cárdenas y Francisco J. Múgica, fue un discurso de soberanía, un discurso de legalidad y un discurso de trabajo. Se lo puede encontrar tal cual en los Apuntes del presidente Cárdenas editados por esta universidad.

Discurso de soberanía porque, para recuperar el petróleo, ambos generales consideraron y sopesaron la coyuntura internacional y concluyeron, con razón y con pericia, que las grandes potencias estaban por entrar en una guerra mundial y no podrían defender hasta el fin a sus compañías en México. Tendrían que negociar y así lo hicieron, Estados Unidos el primero pues era quien, en caso de guerra, mayor valor estratégico concedía a ese mineral contiguo. El discurso de soberanía era así, además, un discurso geoestratégico. Ambos están ausentes en la propuesta del Poder Ejecutivo.

Discurso de legalidad porque el presidente Cárdenas sustentó la medida expropiatoria por un lado en la rebeldía de las compañías petroleras ante un laudo de la Suprema Corte, con lo cual desafiaban la ley de la nación; por el otro, en el dominio eminente de ésta, heredado de la Corona española, sobre el suelo, el subsuelo, los mares y los cielos de su territorio. Contra esa legalidad va la iniciativa del actual gobierno.

Discurso de trabajo porque la recuperación del petróleo se apoyó en una movilización nacional, antecedida y preparada por un reparto agrario sin precedentes y articulada en torno a la organización y la movilización de los trabajadores de la industria petrolera y de su sindicato. Trabajadores de la industria y sindicato siguen existiendo. Pero están hoy ausentes de estos debates y al sindicato lo controla una burocracia corrompida, cliente y cómplice de cada gobierno en turno.

La ausencia de todo discurso del trabajo, el silencio y la exclusión de los trabajadores y sus organizaciones, es el indicio ominoso de que esta proyectada entrega forma parte del asalto general del capital financiero contra el trabajo, rasgo definitorio del nuevo orden social global. Este es, empero, un tema mucho más vasto a ser abordado en otras sedes.

Con creces se ha demostrado en estas semanas que la premura tecnológica y la premura económica son añagazas, así como se ha probado que es simple chantaje la amenaza de que, si no se privatiza Pemex, no habrá recursos para educación, salud y el supuesto “combate a la pobreza”. Una reforma fiscal que hiciera pagar a las grandes fortunas los impuestos normales en los países democráticos daría los recursos y liberaría a Pemex de la exacción actual por parte del Estado.

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La iniciativa privatizadora Calderón-Carstens tiene otro sesgo amenazante. El patrimonio petrolero es parte de cualquier política de soberanía y seguridad nacional frente a potencias externas y sus gobiernos. Esta iniciativa dejaría a México desprotegido y subordinado a la política militar de Estados Unidos y a su plataforma continental de seguridad. Las fuerzas armadas mexicanas quedarían en condición de vasallaje ante el Pentágono, objetivo también de la Iniciativa Mérida.

Al hacer depender a esas fuerzas de la tecnología y el armamento de la potencia vecina; al utilizarlas repetidamente contra el pueblo mexicano y sus movimientos, como sucede con creciente gravedad en Chiapas y en la frontera sur; al embarcarlas en la guerra contra el narco, tarea policial por excelencia; al promover que el “turismo” extranjero se vaya apropiando de costas y penínsulas de México, en especial de Baja California, el presente gobierno prepara porvenires funestos para este país.

Este es el marco general de su reforma energética. Mañana nos propondrán arrendar Baja California para instalar bases militares de Estados Unidos porque el petróleo ya se enajenó y no hay dinero para salud y educación...

La defensa de la nación y de su soberanía requiere además el cese de la violencia interna. Por un lado, es urgente reconocer los derechos indígenas y así cortar de raíz la guerra interior latente y presente en Chiapas. Por el otro, urge ubicar y definir con precisión los sustentos de la guerra del narco en tanto operación de desestabilización militar del territorio. ¿Quién la apadrina y alimenta, a cuál diseño está sirviendo? No me cuadran los capos y sus fortunas como explicación única y suficiente.

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Como tema de esta mesa se nos pregunta acerca de las consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la iniciativa oficial de reforma petrolera. Después de lo antes dicho, respondo: en la presente crisis financiera mundial, en vísperas de un posible cambio de dirección política en Estados Unidos, en tiempos de guerras declaradas y no declaradas, cuando el patrimonio petrolero es como nunca un producto estratégico, entregarlo al capital privado es lanzar a la nación mexicana a una aventura política, geopolítica, jurídica y social.

Tales consecuencias nos llevarían a un desastre nacional. Habrá que impedirlo por todos los medios necesarios.

Ciudad Universitaria, México, 27 junio 2008

* Texto presentado en el Debate Universitario sobre la Reforma Energética, Centro Cultural Universitario, Tlatelolco, Mesa 21, “Consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la reforma petrolera”, 27 junio 2008.

Este es el Pueblo de López Obrador, ¿Cual es el tuyo espurio fecal?

Discurso del Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México, el día 29 de Junio en el zócalo del DF

Acuerdos inconfesables con empresas extranjeras y corrupción del grupo Calderón-Mouriño, el fondo de la reforma energética: López Obrador Discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, en la Asamblea Informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, en el Zócalo de la Ciudad de México México, Distrito Federal Domingo, 29 de junio de 2008

Amigas y amigos. Compañeras, compañeros. Ciudadanos todos: Les agradezco de todo corazón la asistencia a esta asamblea nacional informativa. La fuerza de nuestro movimiento dimana del pueblo, de los nobles ideales que nos inspiran y de la perseverancia. A tres días de cumplirse dos años del fraude electoral del 2006, aquí estamos haciendo valer nuestras razones, reafirmando nuestros objetivos de defender al pueblo y el patrimonio nacional, comprometidos en transformar la vida pública de México. Al paso del tiempo se ha ido confirmando que fuimos víctimas de un gran fraude electoral, de una confabulación de intereses mezquinos para seguir imponiendo una política injusta, antipopular y entreguista. El fraude causó un daño inmenso: frenó el avance democrático del país; denigró a las instituciones y quien se ostenta como presidente de la República está totalmente desprestigiado, carece de autoridad moral y de poder real, porque nadie lo respeta ni obedece. Pero lo más lamentable es que el fraude nos ha llevado a más pobreza, desempleo, más crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Todo lo cual, si se hubiera respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad. La falta de sensibilidad de los potentados y de su representante en la Presidencia, es cada vez más evidente. Por ejemplo, ante la carestía que padece el pueblo, en vez de apoyar a los productores nacionales para lograr la autosuficiencia alimentaria, lo que ha propuesto Calderón es seguir comprando lo que consumimos en el extranjero, lo cual no frenará el aumento de precios y va a significar más abandono al campo y mayor salida de divisas. Aquí conviene señalar que en tan sólo 18 meses que lleva el gobierno usurpador, mientras el salario mínimo ha venido aumentando en 4 por ciento anual, los precios de la mayoría de los productos básicos se incrementaron de manera desproporcionada, como no sucedía desde hace 12 años. Hay regiones en el país donde los campesinos han dejado de sembrar porque el precio del fertilizante subió 200 por ciento; y casi todo el pueblo está padeciendo porque el precio de la tortilla aumentó en 60 por ciento, el pan en 65 por ciento, el frijol en 90 por ciento, el arroz en 140 por ciento, la leche en 40 por ciento, el huevo en 85 por ciento, el pollo en 50 por ciento, la carne de res en 60 por ciento y el aceite en 124 por ciento. En suma, en 18 meses, la capacidad de compra de la inmensa mayoría de mexicanos se ha reducido en 30 por ciento. De la misma manera, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se le ocurre al presidente espurio es amenazar con el discurso propagandístico de la “mano dura” y de ahí se desprende el querer resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, condenas más largas, todo lo cual no basta para enfrentar un asunto que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por la falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites a través de los medios de comunicación, en donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo. La delincuencia y la convulsión social son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad, mediante las drogas y la violencia. Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La única solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero desgraciadamente los hombres del poder en México no tienen vocación cívica ni dimensión social. Los domina el egoísmo. No están dispuestos a rectificar, a cambiar la política económica que han venido imponiendo. Por el contrario, ahora quieren apropiarse de la industria petrolera nacional. A pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, ellos insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir. No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas privatizadoras de Calderón, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir. De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y evitar la degradación de la vida pública de México y la destrucción del país. No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social. Nosotros queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por la calle, libres de miedos y temores. Además, tenemos otras razones para impedir la entrega a particulares de la industria petrolera. Nos oponemos a la privatización porque sería reabrir la puerta a las compañías petroleras extranjeras, en menoscabo de la soberanía y del patrimonio nacional. Queremos todos los mexicanos, la mayoría, seguir siendo un país, no aceptamos convertirnos en una colonia de los extranjeros. Nos oponemos a la privatización porque las reformas a las leyes secundarias propuestas por el presidente usurpador violan nuestra Constitución Política. Nos oponemos a la privatización porque detrás de las mentiras de la falta de dinero y de tecnología para modernizar a Pemex y de la publicidad manipuladora, está realmente la corrupción del grupo Calderón-Mouriño y sus acuerdos inconfesables con las empresas extranjeras para montarse en el negocio del petróleo. Nos oponemos a la privatización porque mientras el petróleo sea propiedad de la nación, los mexicanos tendremos la esperanza de convertirlo en palanca del desarrollo nacional para industrializar el país, crear empleos, fortalecer el mercado interno, reducir los precios del gas, la luz y las gasolinas y garantizar el bienestar del pueblo. Y nos oponemos a la privatización porque arrebatar jamás trae nada bueno. El despojo del petróleo creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política. No podemos –amigas, amigos brigadistas, asistentes a esta gran asamblea, dejar de señalar que por este movimiento, de todos ustedes y de muchos más, y con la contribución de muchos otros ciudadanos concientes y responsables que actúan por su cuenta, se ha podido impedir, hasta ahora, la privatización del petróleo. No olvidemos que Calderón quería que sus reformas entreguistas se aprobaran en el Congreso en quince días, al vapor, en sigilo y de espaldas al pueblo. Pero nuestros legisladores, senadoras y senadores, diputadas y diputados, del PRD, del PT y de Convergencia, actuaron de manera consecuente y tuvieron el arrojo de tomar las tribunas del Congreso para impedirlo. Todo ello, toda esta acción, consecuente de los legisladores del Frente Amplio Progresista, tuvo el apoyo de los brigadistas del Distrito Federal, en especial, de las mujeres. ¡Arriba las mujeres! Con esta primera acción, no sólo se frenó el madruguete o albazo legislativo, sino que se ganó tiempo para organizarnos mejor e informar al pueblo. Aquí doy a conocer que, de la última asamblea del 27 de abril, que celebramos en este Zócalo, a la fecha, visitamos todas las capitales de los estados de la República y 97 cabeceras municipales de las diversas regiones del país para celebrar asambleas e integrar brigadas en defensa del petróleo. Hoy podemos decir, con mucha satisfacción, que ya somos 200 mil brigadistas. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, que vienen de los distintos estados, de las distintas regiones del país, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque no contamos con recursos, no hay dinero para facilitar la movilización. Ustedes vienen por su propio pié, por su propia voluntad y merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. También informo que al día de hoy se han distribuido a nivel nacional, 368 mil copias de videos, 3 millones de volantes, 18 millones 500 mil folletos con artículos de análisis y reflexión, y 19 millones 560 mil historietas. Nuestro reconocimiento a quienes han ido casa por casa, colonia por colonia, barrio por barrio y pueblo por pueblo a entregar esta información. Asimismo nuestro agradecimiento afectuoso y fraterno a caricaturistas, escritores, artistas y técnicos que han ayudado voluntariamente en la elaboración de los contenidos de estos materiales para la orientación y la concientización del pueblo. El movimiento de resistencia civil, los legisladores del Frente Amplio Progresista, el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo y otros ciudadanos independientes, hicieron posible que el PRI y el PAN aceptaran el debate que se está llevando a cabo en el Senado, donde, por cierto, vamos ganando. Quienes han ido a representarnos han argumentado mejor y han demostrado que las pretendidas reformas son anticonstitucionales, son privatizadoras y van orientadas a profundizar la corrupción en Pemex. Desde el principio de estos debates dimos a conocer nuestra propuesta que se sustenta en cinco lineamientos básicos: 1. Que se destinen todos los excedentes por precios altos del petróleo al fortalecimiento de Pemex para ser invertidos en exploración, perforación, refinación, petroquímica, mantenimiento y construcción de ductos e instalaciones petroleras, así como para el desarrollo tecnológico y la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Estos excedentes, significarán para este año 20 mil millones de dólares adicionales, que al ser entregados a Pemex representarían más del doble del presupuesto actual de este organismo público. Sólo agregamos que desde el gobierno de Vicente Fox no hay transparencia ni se conoce el destino de estos recursos. 2. Que se fortalezca al Instituto Mexicano del Petróleo para llevar a cabo, entre otras actividades, las investigaciones para la exploración de petróleo en tierra y en aguas someras, fundamentalmente en el sureste, donde realmente existen reservas posibles y probables, hasta para 20 años en adelante. 3. Que el Consejo de Administración de Pemex reduzca su número de miembros que dependen del Ejecutivo Federal y del Sindicato y, en su lugar, el Congreso elija, por consenso de todos los partidos, a representantes de la sociedad civil, de inobjetable honestidad, cuya tarea primordial sería evitar la corrupción en los contratos públicos, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. 4. Que se fortalezcan las áreas sustantivas de Pemex para atender sobre todo los problemas operativos que tienen que ver con la disminución de la producción en la Sonda de Campeche, donde no sólo se extrae menos petróleo crudo por la declinación del yacimiento Cantarell, sino también por problemas de contaminación de nitrógeno y de agua, que ha llevado a cerrar 80 pozos y a quemar a la atmósfera alrededor de 700 millones de pies cúbicos diarios de gas, por falta de inversión y negligencia de los anteriores y de los actuales directivos de Pemex. 5. Que se reunifique Pemex en una sola empresa del Estado, revirtiendo su división artificial en diferentes subsidiarias, para manejar de manera integral todo el sector energético, desde la extracción del crudo y gas hasta la refinación y la petroquímica y para aprovechar toda la cadena de valor que permita impulsar la generación de electricidad y el desarrollo económico independiente que necesita el país y el bienestar del pueblo de México. Amigas y amigos: Ya es un hecho que el debate sobre el petróleo se ha extendido a todo el país. Los ciudadanos, las organizaciones sociales y las universidades públicas han organizado foros de discusión y análisis acerca de esta cuestión. Mención especial merece la iniciativa que tomó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, para organizar una discusión amplia y plural de investigadores y académicos en la más prestigiada universidad de América Latina. Hoy, a pesar del cerco informativo, la gente sabe más de este importante asunto y ha quedado claro que si el petróleo es de todos los mexicanos, todos tenemos derecho a opinar. De ahí que reconocemos la decisión asumida por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de llevar a cabo el 27 de julio una consulta ciudadana en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard no sólo es un buen gobernante, es un dirigente político consecuente y un importante promotor del proyecto alternativo de nación. Toda nuestra solidaridad para Marcelo Ebrard. Es necesario mencionar que, aunque se hicieron todos los trámites en la Junta de Coordinación Política del Senado, ante el IFE y los gobiernos de los estados, la respuesta de la derecha, del PRI y del PAN, fue el rechazo y la descalificación para realizar la consulta nacional. La postura de la clase gobernante se puede resumir en lo expresado por el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, quien sostuvo que la reforma petrolera es un asunto demasiado complejo para someterlo a una consulta popular. Cuando son ellos los que no están preparados para la democracia. En realidad lo que exhiben es su escaso poder de convencimiento y el miedo que le tienen al pueblo de México. Si fuesen realmente demócratas, no le tendrían miedo al pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. De todas maneras, como aquí se ha dicho, vamos a organizar, con el apoyo de los ciudadanos, la consulta nacional. Hago un llamado a todos los brigadistas para empezar a promover la participación de la gente en este trascendente ejercicio democrático. Es importante también que estemos atentos y listos para movilizarnos, porque seguramente en las cúpulas del PRI y del PAN están pensando o tramando que, aunque pierdan los debates y la gente se exprese en la consulta en contra de la privatización del petróleo, ellos van juntar los votos, con sus prácticas de siempre, para querer imponer desde el Congreso sus reformas entreguistas. Por eso no está de más volver a reiterar desde esta plaza pública, corazón político de nuestro país, que estamos dispuestos a defender el petróleo con toda la determinación y firmeza que exijan las circunstancias. Y que quede claro: no aceptaremos ningún cambio jurídico que viole la Constitución, que privatice el petróleo y que vulnere la soberanía nacional. El petróleo es nuestro, de todos, y no se convertirá en negocio de unos cuantos, ni de nacionales y mucho menos de extranjeros. Amigas y amigos: Durante este tiempo que llevan usurpando el gobierno los potentados y sus representantes, se han cometido grandes injusticias que estamos obligados a denunciar. Como es sabido, en la Suprema Corte acaban de rechazar cerca de 2 millones de amparos que interpusieron los Trabajadores al Servicio del Estado, incluidos los maestros, contra la Reforma a la Ley del ISSSTE. Los hombres y mujeres de esta institución volvieron a enseñar el cobre. Se confirmó que la mayoría de los ministros no están ahí para hacer valer la constitución y hacer justicia, sino para legalizar los despojos y los abusos de los poderosos. A los trabajadores afectados por esta decisión, les decimos que no claudiquen, que no se desalienten, que sigamos luchando, que pronto, muy pronto, se tendrán condiciones para dar marcha atrás a todas esas medidas que afectan sus conquistas laborales. También nos solidarizamos con los pueblos indígenas de Chiapas, ante los actos de provocación que se han venido suscitando en los últimos tiempos. Es muy irresponsable de parte del gobierno usurpador estar hostigando a comunidades que han optado por organizarse y defender, pacíficamente, sus legítimos derechos. Exigimos la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos. También demandamos el castigo a los funcionarios responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. Nos solidarizamos con los ciudadanos que en todo el país defienden los bosques, el agua y el medio ambiente. Expresamos nuestro apoyo a quienes se oponen a la destrucción del cerro de San Pedro, símbolo del estado de San Luis Potosí, por la acción depredadora de una empresa minera canadiense. De manera especial, denunciamos al gobierno federal y al del estado de Hidalgo, porque han autorizado a una empresa española, modificando normas y creando nuevos reglamentos, la construcción de un basurero de desechos tóxicos en el municipio de Zimapán. Este pueblo prehispánico se encuentra ubicado en una zona de barrancas, y sus mantos acuíferos se verían seriamente contaminados con la operación de dicho basurero, causando graves e irreversibles daños a la salud y al medio ambiente. En esta infamia, las autoridades se han puesto del lado de la empresa extranjera en vez de defender al pueblo. Actualmente hay unos 800 agentes de la Policía Federal Preventiva y se realizan sobrevuelos de helicópteros para intimidar a la población. Desde aquí, desde esta plaza, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Zimapán. Un grupo de abogados del gobierno legítimo presentará las demandas jurídicas correspondientes y acudirá a instancias internacionales. Amigas y amigos de todo el país: Es triste la realidad que se vive en nuestra Patria. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Millones de familias están padeciendo por falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro, no tienen trabajo, son rechazados en las universidades públicas y no tienen para pagar las cuotas de las universidades privadas; se les orilla a emigrar, a abandonar a sus familias, a abandonar sus pueblos y a tomar el camino de las conductas antisociales. Muchos mexicanos, millones de hombres y mujeres viven hacinados, enfermos y sin seguridad social. Santa Fe, los centros turísticos, las plazas comerciales, las colonias exclusivas donde viven los potentados y un corto etcétera, no son más que islotes en un océano de marginación y pobreza. Por eso no podemos ni debemos cansarnos de pensar y de ser como somos. No hay nada más importante en esta vida que luchar por los humillados y ofendidos. En momentos aciagos, en momentos difíciles, insistir tercamente en construir una sociedad mejor, es poner en acción el humanismo y es contribuir, cuando menos, a alejar el desánimo de los que sufren y a mantener viva la llama de la esperanza. Por eso fue acertado el no claudicar después del fraude, el darle continuidad a nuestro movimiento, el seguir enarbolando el proyecto alternativo de nación y seguir apostando a la construcción de una nueva República, donde no domine ni el odio, ni la codicia y lo principal sean los sentimientos y el bienestar del pueblo, su dignidad, su cultura y su inmensa bondad. Este ideal que compartimos millones de mujeres y de hombres, podrá alcanzarse si seguimos trabajando todos los días, desde abajo, con la gente y con una inquebrantable fe en la causa que defendemos. El cambio que necesita México no lo impulsará la llamada sociedad política, tampoco vendrá de los potentados que insisten en profundizar la desigualdad y en mantener un régimen de corrupción y privilegios. Lo que tendrá que venir saldrá del pueblo mismo como una aurora de libertad, y es hasta entonces que habrá patria para el pobre y patria para el humillado, y todos tendremos nuevas y poderosas razones para vivir, soñar y triunfar en este gran país, generoso y eterno. ¡Viva México! ¡Viva la Resistencia Civil Pacífica! ¡La patria no se vende, se ama y se defiende! Muchas gracias.

Carta del Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México

En dos etapas se desarrollará la consulta pública sobre el futuro del sector energético, informa López Obrador Convoca a los ciudadanos a participar en la asamblea informativa del próximo domingo, menciona México, Distrito Federal Viernes, 27 de junio de 2008

* Es un tema de interés nacional y Calderón tiene el deber de consultar al pueblo, destaca * Asegura que Repsol es la empresa favorita del presidente pelele; le autoriza contratos millonarios Por tratarse de un asunto de interés público y de la protección del patrimonio de la Nación, Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a participar el próximo domingo en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. A partir de las 10 de la mañana, se darán a conocer en el Zócalo capitalino los detalles de la consulta popular sobre el futuro del sector energético, informó a los micrófonos del matutino “La Red” de Radio Red. El presidente legítimo de México adelantó a los conductores del mencionado informativo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, que la consulta ciudadana se desarrollará en dos etapas. La primera se realizará el 27 de julio en el Distrito Federal y en aquellos municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista, explicó. La segunda fase podría programarse para la primera quincena de agosto y abarcará los 31 estados de la República, aclaró al comentar que las preguntas formuladas por el Instituto Electoral del Distrito Federal se aplicarían en ambos ejercicios ciudadanos. Por tratarse del tema más importante en la vida nacional y del destino de millones de mexicanos y de las futuras generaciones, el gobierno usurpador de Felipe Calderón debe aceptar que su iniciativa de reforma energética se someta al escrutinio público. “Hay que preguntar de manera directa al pueblo, porque es el pueblo el que decide”, subrayó. En su propuesta de reforma energética, Calderón Hinojosa intenta otorgar un régimen de excepción a los 15 integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que representa a todas luces la legalización de la impunidad, afirmó. En el transcurso de la entrevista, López Obrador manifestó que el caso Repsol es un claro ejemplo de la corrupción imperante en el gobierno calderonista. La firma española se ha convertido en la empresa favorita del presidente pelele, puntualizó. Hizo énfasis en que Calderón puso en manos de Repsol un contrato de 21 mil millones de dólares para el abasto de gas, que se importa desde Perú. A costos reales, la operación no debería rebasar los 6 mil millones de dólares, pero las bases de licitación se elaboraron a la medida de las necesidades de la compañía española, con la deliberada intención de que obtuviera una utilidad superior a 15 mil millones de dólares, aseguró. • • • • •

Artículos de Jaime Avilés, de Luis Javier Garrido, de Laura Poy Solano, de Jaime Ornelas Delgado y de Octavio Rodríguez Araujo

Desfiladero

Jaime Avilés

■ De la discoteca a la privatización: ¿consulta popular o barricadas?

El viernes de la semana pasada, antes, durante y después de la mil millones de veces estúpida tragedia de la discoteca News Divine –que mató a nueve adolescentes, una muchacha policía y otros dos uniformados adultos–, la guerra del narcotráfico produjo 11 muertes: cuatro en Torreón, cuatro en Guerrero y tres en Culiacán. El sábado, mientras la gritería de los medios subía de tono en contra del Gobierno del Distrito Federal, los muertos del narcotráfico fueron en total 20: seis en Sinaloa y 14 más, esparcidos en Guerrero, Durango y Chihuahua.

Entre el domingo, día prácticamente sin noticias en televisión, y el lunes, cuando el linchamiento mediático anti Marcelo Ebrard llegó al clímax, el saldo de la “ola delictiva” fue de 49 muertos: 12 reportados el domingo y 37 confirmados el lunes, aunque muchos de ellos habían fallecido la víspera. El martes, la “cosecha” de cadáveres fue de 13: ocho en Chihuahua, uno en Guerrero y cuatro en Sinaloa, mientras en Culiacán era secuestrado el periodista deportivo José Carlos Campos, hermano de Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, casa de encuestas que un día antes afirmara que después de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Felipe Calderón tenía el segundo lugar de “aceptación” entre los “líderes” de América Latina.

El miércoles, el saldo fue de 11 asesinatos: ocho en Sinaloa, uno en la frontera norte (“ayer fue el día menos violento en Ciudad Juárez, ya que sólo fue localizado un hombre sin vida con al menos 17 balazos”, escribió nuestro corresponsal en aquella plaza), uno más en Sonora y otro en el estado de México, mientras en Culiacán era liberado, por fortuna ileso, el hermano de Roy Campos, y en Chihuahua se confirmaba el secuestro de Erika Posselt, cuñada de Silvestre Reyes, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos. La mujer también fue liberada, un día después, gracias al pago de 35 mil dólares de rescate.

Por último, el jueves, los muertos fueron 19: cuatro en Sinaloa, cuatro en Chihuahua, tres en Guerrero, dos en Chiapas, dos en Nayarit, dos en Mexicali y dos en el Distrito Federal. En síntesis, a lo largo de la semana pasada, la guerra entre las bandas del narcotráfico y contra las llamadas “fuerzas de seguridad” ocasionó la muerte de 123 personas. Sin embargo, ¿de qué hablaron y siguen hablando, obsesivamente, los medios? De la tragedia en la discoteca, que escudriñaron desde todos los ángulos, como acostumbran cuando analizan los juegos de futbol.

Una sola pregunta: ¿por qué no examinan con la misma “profundidad” la carnicería desatada, entre otras cosas, por la “política” de Calderón hacia el narcotráfico? He aquí algunas pistas: “México se ubica en el sexto lugar en delincuencia organizada en el mundo; las mafias mexicanas operan en 38 naciones y controlan entre 50 y 60 por ciento de los gobiernos municipales del país”, asegura Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU sobre temas del narcotráfico.

Buscaglia ha repetido en diversos foros que las empresas de las drogas ilícitas se vinculan con los políticos para ayudarlos a convertirse en diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera; a cambio, éstos les permiten actuar dentro de los territorios que administran, hasta que los papeles se invierten y el dinero y las armas del narcotráfico toman el control de la policía y de las calles. Pero, han dicho otros expertos, los problemas se multiplican cuando los funcionarios “venden” la ciudad o el estado que “gobiernan” a dos cárteles al mismo tiempo, como ha ocurrido, desde el sexenio de Fox, en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango y tantas más.

Para Calderón la naturaleza del problema es otra, de acuerdo con lo que dijo el viernes de la semana pasada (La Jornada, 20/06/08, p. 16) en Aguascalientes: “los criminales ya no sólo trafican la droga a Estados Unidos, sino que buscan crear un mercado en territorio mexicano”. ¡Oh! ¡Qué revelación! Si el “jefe” de las fuerzas federales ignora que en México hay un gigantesco mercado de drogas; si no sabe que los cárteles mexicanos exportan a 37 países, aparte de Estados Unidos; si desconoce que nuestra mafia va en sexto lugar en el campeonato mundial del crimen organizado, debajo de la rusa, la china, la colombiana, la libanesa y otra que se me escapa; y si no percibe que la mitad de los municipios están en manos de narcotraficantes, la verdad está perdido. ¿Usted aprobaría que un hombre así vendiera nuestra industria petrolera a un puñado de empresarios españoles para supuesto beneficio de usted mismo? Pero no nos desviemos del asunto.

Lo peor de todo no es que haya un gobierno incompetente, irresponsable y corrompido hasta la médula, sino que los medios no cumplan su función más importante, que es la de vigilar al poder para corregirlo mediante la crítica. Regresemos entonces al caso de la discoteca. Marcelo Ebrard tiene la mano muy pesada. Y se le nota. La rudeza, muchas veces innecesaria, fue el signo distintivo de la policía capitalina cuando estuvo bajo su mando (y si no que le pregunten a los travestis de Brigada Callejera, que hoy luchan por la aprobación de una ley que permita la fabricación de antirretrovirales genéricos). Esa brusquedad se vuelve palpable ahora, cuando como jefe de gobierno repara una avenida: mete las máquinas, corta el tráfico y provoca embotellamientos que podrían evitarse.

Esa falta de delicadeza –manifiesta en las agresivas luces de las torretas de las patrullas, que de noche lesionan el cerebro de automovilistas y peatones, pero no sirven para disuadir al hampa– se convirtió en auténtica brutalidad durante el episodio de la discoteca, que puso de relieve, sobre todo, un hecho cultural nacido de la pobreza, el desamparo y la ignorancia de los jóvenes y sus padres; la corrupción del delegado Chíguil y del dueño del antro, y la estupidez de los policías que planearon y llevaron a cabo una captura de reses sin pensar un segundo que estaban arreando a seres humanos.

¡Cárcel a Chíguil, al empresario, al jefe del operativo y a los agentes que después pasearon y vejaron a decenas de muchachas! Pero, ojo, de allí a la renuncia de Joel Ortega hay un abismo. Si Ebrard le entregara la Secretaría de Seguridad Pública a Calderón, éste pondrá allí a alguien que, dentro de unos meses, “fracasaría” de tal modo que se vería “obligado” a pedir la presencia del Ejército en las calles del DF. ¿Alguien quiere retenes militares en Insurgentes?

En descargo de Ebrard debe subrayarse que ha sido el gobernante más leal, en todo sentido, al proyecto de nación que encabeza López Obrador y a quienes lo eligieron como jefe de Gobierno para que impulsara el programa social que está desarrollando. Además, no ha tolerado que el narco protagonice aquí balaceras con granadas y bazukas, al estilo Culiacán, y mucho de ello se lo debe a Joel Ortega. Así que nada: la derecha trata de acorralarlo para tirarle la consulta popular del 27 de julio sobre el destino de Pemex, y eso está clarísimo. Por lo pronto, mañana al Zócalo, pues la Kessel ya dijo que tras el debate en el Senado habrá privatización, es decir, ¿barricadas en las principales carreteras de la República?

Para comunicarse con esta columna [e-mail] y para conocer la nueva versión de El Loro Negro, www.eloronegro.blogspot.com

Carrancá: legal, consulta sobre Pemex

Laura Poy Solano

El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas calificó de “injuria” la afirmación de la administración federal respecto a que no se tomará en cuenta la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, al considerar que en un país democrático es “imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”.

Interrogado sobre la declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el sentido de que los resultados de la consulta no incidirán en la dictaminación de las iniciativas sobre la reforma, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM afirmó que si bien no son vinculatorios “ni la consulta ni los foros, sí es vital atender el criterio de múltiples especialistas y mexicanos que estamos interesados en un asunto fundamental para la nación”.

Carrancá y Rivas insistió en que ante la polémica sobre el sustento jurídico para convocar a una consulta ciudadana sobre el tema energético, “destacadísimos juristas han afirmado que no hay necesidad de tanto alboroto, porque el gobernante puede consultar a quien quiera”, y señaló que es “absurdo” que se intente negar ese derecho, “cuando hay un claro sustento legal, y lo establece el artículo 27 constitucional, lo permite la Ley de Participación Ciudadana y el Estatuto de Gobierno del DF”.

Tras participar en el debate universitario sobre la reforma a Pemex, en el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Tlatelolco, Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, afirmó que este domingo se darán a conocer la organización y fechas en que se realizará la consulta en todo el país durante la concentración convocada por Andrés Manuel López Obrador.

Al insistir en que ese ejercicio ciudadano es una alternativa a la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón, convocó a la población a manifestar su opinión, y consideró “ridículo, absurdo y hasta triste” que el gobierno federal “ni siquiera reconozca los foros que se realizan en el Senado de la República, porque están empeñados en aprobar su reforma, y eso no va a ocurrir”.

Luis Javier Garrido

El debate

El repudio que se está produciendo en los más amplios sectores del pueblo mexicano a la iniciativa del gobierno de facto para privatizar la industria petrolera nacional está abriendo un escenario cada vez más crítico para Mouriño y Calderón, que aún deben enfrentar el resultado de la consulta nacional que se avecina.

1. La movilización popular en defensa del petróleo mexicano ha logrado en el curso de unas cuantas semanas abrir un debate sin precedentes en torno al intento del gobierno calderonista por privatizar de manera anticonstitucional y en contra de los intereses de los mexicanos la industria petrolera nacional, el cual está impactando a los más amplios sectores del país y en particular a la llamada “clase política”, al ser implícitamente también una reflexión colectiva sobre el proyecto de país que quieren los mexicanos, por lo que está sentando un precedente en la vida legislativa y política del país que era muy difícil imaginar hasta hace muy poco.

2. La historia legislativa mexicana, en particular, no registra ningún otro caso en el que un paquete de iniciativas legales haya sido objeto de una discusión tan amplia en la sociedad, pero tampoco registra, a la vez, ningún otro caso de repudio tan absoluto a un proyecto legislativo.

3. Al iniciarse 2008, Mouriño y Calderón estaban confiados en que la contrarreforma energética fraguada a espaldas y en contra de los mexicanos podía ser aprobada fast track por el Congreso de la Unión, al contar presuntamente con los votos priístas necesarios, y habiéndose diseñado una campaña de desinformación en los medios para engañar a todo mundo, por lo que podrían de manera muy fácil cumplirle su ofrecimiento a las multinacionales con las que ya habían negociado la entrega de la industria petrolera del país. Unas cuantas semanas después, a consecuencia de la movilización social y del debate que logró abrir, el respaldo priísta a la aberrante propuesta de Mouriño y Calderón está en el aire, y en amplísimo sectores se conoce ya que Felipe Calderón ha estado mintiendo de manera sistemática al pueblo de México sobre la naturaleza de las iniciativas y que éstas no buscan otra cosa que privatizar la principal industria del país.

4. El proceso que se ha desencadenado en México es consecuencia de la movilización popular y de la toma de las tribunas en las dos cámaras legislativas en el mes de abril, y ésa es ya la principal lección para el futuro inmediato de la nación: que las acciones de resistencia civil tienen enorme fuerza cuando son respaldadas por un amplio movimiento popular. El proyecto del gobierno de facto de hacer pasar sigilosamente la contrarreforma en materia petrolera como una serie de medidas tendientes a “modernizar” a Pemex y sin que nadie se enterara de lo que se pretendía se vio frustrado y, en vez de verlo aprobado hacia el 22 de abril, como lo habían ordenado, Mouriño y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces una creciente oleada de denuncias por todos los aspectos entreguistas de su propuesta, que configuran con claridad el delito de traición a la patria.

5. Las siete iniciativas de Los Pinos en materia petrolera no sólo no están conduciendo hasta ahora a privatizar la industria petrolera mexicana, como se lo había prometido Calderón a grandes consorcios trasnacionales, sino que están, por el contrario, revirtiéndose contra el espurio morador de Los Pinos, quien aparece con una nitidez mayor ante millones de mexicanos no sólo como un mentiroso, sino como un coyote más que pretende encabezar a un grupo de corruptos coludidos con empresas extranjeras y ansiosos de beneficiarse de la privatización: desde sus cuñados, Mouriño, Reyes Heroles y los Bribiesca, hasta una serie interminable de empresarios-políticos.

6. El principal logro del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, ha sido desde entonces contribuir de manera determinante a que amplísimos sectores de mexicanos discutan sobre el tema. Nadie puede ya creer ahora el cuento de que los cambios legales que se buscaban eran para “modernizar” a Pemex y traer beneficios sin cuento para los mexicanos. La movilización social hizo posible que en muy poco tiempo, a pesar del perverso papel de la mayoría de los medios, y en especial de Televisa y Tv Azteca, que no han dejado de desinformar en este lapso sobre la propuesta, los mexicanos se fueran enterando de todos los aspectos de un proyecto que no busca otra cosa que desmantelar Pemex y crear una industria petrolera privada en manos de las multinacionales.

7. La propuesta oficial ha recibido en estas semanas una propaganda descomunal, pero significativamente no ha tenido defensores, por la sencilla razón de que no puede tenerlos, pues carece de una razón histórica.

8. El aspecto más sorprendente de los Foros de Debate sobre la Reforma Energética en el Senado –que han sido vistos por millones, a pesar de estar restringidos al canal del Congreso–, de las Mesas de Debate en la UNAM –que han constituido, a su vez, un acontecimiento sin precedente en la historia universitaria–, y de los actos organizados en otras universidades de la República, que muestran un interés creciente por lo que está aconteciendo, lo constituye no nada más el contundente rechazo a la contrarreforma calderonista de la mayor parte de los expositores, sino la inexistencia de argumentos de aquellos que han pretendido defenderla.

9. El otro impacto de lo que acontece es el que no se puede medir, pues se desarrolla tras bambalinas: es el debate intenso en la cúpula del PRI: entre los que desean por interés seguir fungiendo como alcahuetes de Calderón y los que todavía tienen una visión del Estado y de la nación, y el resultado de este debate se conocerá muy pronto.

10. Al margen de lo que acontezca en la “clase política”, todo indica que se impondrá la sensatez y el sentido común del pueblo mexicano frente a la sinrazón de quienes entienden el poder como un botín.

TENDAJÓN MIXTO   El IFE contra la libertad de expresión   Jaime Ornelas Delgado Ingrata tarea recuperar al IFE para la democracia Según el artículo sexto de la Constitución: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa...” A su vez, el artículo séptimo de la propia Carta Magna, establece la inviolabilidad de “la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura...” A pesar de esto, en un arranque de arrogancia y prepotencia, pretendiendo que puede dictar lo que deben o no deben decir los partidos políticos formados por ciudadanos en pleno uso de sus derechos constitucionales, el Instituto Federal Electoral (IFE) decidió, así decidió pasar por encima de la Constitución y censurar los promocionales del PRD y el PT donde se considera como “presidente Legítimo” de la República a Andrés Manuel López Obrador. En el debate, Leonardo Valdés, el presidente del Consejo del IFE se atrevió a decir que “El IFE no censura ni coarta las libertades, sino que de acuerdo con la voluntad del legislador (imagínese usted echarle la culpa del desatino al legislador que ni siquiera puede defenderse), hace preservar las instituciones de la democracia representativa, para que estas funcionen”. Así es que llamar “presidente legítimo” a quien lo es por voluntad de una asamblea ciudadana, atenta contra las instituciones de la democracia –que para ser democráticas lo deben demostrar que lo son y no sólo parecerlo– que no pueden funcionar porque nombrar a Andrés Manuel López Obrador “presidente legítimo” lo impide. Las desproporcionadas funciones que se auto atribuye el IFE y sus complicidades, conscientes o no, con el poder, han hecho de este instituto que nació con tantas expectativas centradas en la mejoría de la democracia electoral, lo han hundido en el desprestigio y, hoy, muchos sospechamos de sus decisiones porque no contribuyen a mejorar el ambiente político del país y si lo enrarecen y perturban. Ante esta desolada imagen que ofrece el IFE, gratifica que Alfredo Figueroa Fernández haya sido designado Conejero del Instituto. Al parecer, llega al cargo sin ningún otro compromiso más que con la democracia. Por eso, frente a otros consejeros amafiados, está en ventaja para emprender una que parece ser ingrata pero indispensable tarea: contribuir a recuperar el prestigio y la confianza ciudadana que alguna vez tuvo el IFE. Dada la magnitud de la hazaña, no sé si le deba felicitar o compadecer. Talento tiene –lo demostró aquí en Puebla siendo consejero ciudadano– y entusiasmo le sobra para emprender ese trabajo que, esperamos, termine redundando en beneficio de la democracia electoral del país.   ¿Creerán que no nos damos cuenta de la burla? Sin una política económica que permita al campo mexicano producir los alimentos que demandamos los mexicanos, el gobierno de Calderón acude a las campañas mediáticas pretendiendo con ellas burlarse de la buena fe del pueblo mexicano que observa, cada vez con mayor desesperación e irritación, la imparable carestía de los alimentos básicos. En una sorpresiva medida, desde Los Pinos el señor Calderón (espero que llamarlo así, señor Calderón, no impida el funcionamiento de las instituciones democráticas del país), anunció el congelamiento del precio de 24 productos en 150 presentaciones. Claro, el anuncio se hizo después de que los precios de esos productos se habían incrementado, es decir, se oficializó el alza de sus precios que, dicen, se mantendrán sin cambios hasta diciembre de este año. Pero como dicen los empresarios que no es congelamiento de precios sino “pacto de honor” tal vez ni se cumpla ¿desde cuando las ganas de optimizar las ganancias tiene honor y firma pactos? Pero nada tendría de criticable la medida, eso sí insólita por populista ni sería una burla a nadie, si los productos incluidos formaran parte de la verdadera canasta alimenticia de los sectores populares. Pero en la lista de los congelados, predominan las bebidas “alimenticias” de sabores, los jugos, los thés de todo tipo –desde verdes hasta los de pasiflorine–, néctares de la marca Sonrisa; también hay condimentos como el achiote, las hojas de perejil deshidratadas, la pimienta negra molida, la sal con ajo y pimienta verde, puré de tomate condimentad tipo catsup, así como salsas para espagueti de champiñones y cuatro quesos, mermelada de fresa, postre –faltaba más– estilo flan, en fin todos estos y más productos que forman parte de la mesa cotidiana del pueblo trabajador o como dijo el señor Calderón “todos productos básicos que son de enorme consumo popular”. De esta manera, como se trataba de beneficiar a la población de menores ingresos no se incluyeron otros productos como los aceites comestibles, el arroz, el pan, el frijol (bueno si se incluyeron varios tipos de frijol pero en lata de esos de amplio consumo entre la población) y muchos más que seguramente no son de amplio consumo, pues quienes los adquieren cada vez tienen menos dinero para comprarlos.

 

 

 

Octavio Rodríguez Araujo

 

De culpables a culpables

 

Observo un fenómeno muy curioso en los medios: hubo un operativo policiaco y murieron 12 personas. Noticia de primera plana, fotografías, artículos de opinión, seguimiento diario, videos, acusaciones, fotografías de los padres de los muchachos muertos o heridos, entrevistas, y más que probablemente se me ha escapado. Por lo que he entendido, la policía, pese a sus grandes errores en el operativo tan comentado, no fue a ocasionar muertes, no hubo esa intención, aunque la impericia de sus mandos haya provocado tal catástrofe. Las voces y plumas pagadas o subordinadas por oportunismo al calderonismo y al Partido Acción Nacional han pedido la caída del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal; el senador panista Tamborrel ya vaticinó el costo político que pagará Ebrard por el caso News Divine (ni siquiera lo planteó como posibilidad), y los siempre enemigos del PRD y de López Obrador ya han propuesto, bajita la mano, linchamientos políticos y advertencias de lo que le pasaría a México si los perredistas llegaran a gobernar en 2012.

 

Leo en Reforma que en lo que va de 2008 (hasta el 20 de junio) han muerto mil 751 personas a consecuencia de la lucha de Calderón contra la delincuencia organizada (los narcos en especial). El año pasado murieron, según la misma fuente, 2 mil 275. La Jornada del martes pasado reportó que en 48 horas fueron asesinadas 37 personas. Y así es todos los días, y los mismos que piden linchamientos por la muerte de 12 personas (incluidos policías) en un operativo policiaco en un antro sospechoso de vender alcohol a menores y también drogas ilícitas han callado o han felicitado a Calderón por su aventura contra el narcotráfico demandada por el gobierno de Washington.

 

El operativo de Calderón es, para sus voceros oficiales y oficiosos, un acto patriótico; el operativo de la policía del Distrito Federal fue casi un homicidio (homicidio imprudencial), una tragedia por la que tendrán que pagar (ya están pagando) los funcionarios policiacos responsables. No los exculpo, que quede claro, pero ¿quién está pagando y pagará por la muerte de cientos de civiles inocentes y de policías ejecutados por el avispero que ha estado removiendo Calderón?

 

No estoy insinuando que se deje al crimen organizado vía libre para que haga lo que quiera, pero, si hablamos de impericia en los operativos de un jefecillo policiaco en un antro del Distrito Federal y de castigarlo, ¿por qué no hablamos de la impericia del inquilino de Los Pinos en contra los traficantes de drogas ilícitas, y también se le exigen responsabilidades por la cantidad de muertos habida? ¿Por qué no legalizar las ahora ilícitas drogas y controlar su producción y venta, además de gravarlas fiscalmente? ¿Por qué no se atiende el problema de los consumidores de drogas en México? ¿No es curioso que se dediquen más espots gubernamentales y paragubernamentales a la adicción al tabaco que a las drogas ilícitas?

 

Lo de News Divine se está usando para desprestigiar al gobierno de Ebrard, para evitar que se proyecte políticamente hacia el futuro, para –de paso– recargar las baterías en contra de López Obrador por el hecho de que este personaje político lo apoyó para gobernar el Distrito Federal. Huele mal.

 

Sí, los policías cometieron errores imperdonables, pero no son los únicos. La inseguridad en el México de Calderón, provocada por las ansias de éste por quedar bien con Estados Unidos en el tema del narcotráfico, es mayor ahora que hace dos o seis años. He hablado con policías judiciales y también con algunos uniformados y me han confesado que nunca antes habían tenido miedo –sí, miedo– como ahora, pues son más vulnerables que los soldados en los afanes de vendetta del narcotráfico.

 

Hubo un error de estrategia de la policía en el antro, pero también hay un error de estrategia en la “guerra” contra el narcotráfico. Pero esto último ya no es noticia y ocupa sólo páginas interiores en los periódicos, en tanto que lo de News Divine sí lo es, así como su fácil focalización en contra de un político que, aunque no me simpatice, tiene tanto derecho como cualquiera a tener aspiraciones presidenciales.